El rechazo de la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento, a aprobar la creación de una instancia internacional contra la impunidad en Guatemala, desató una polémica sobre la voluntad de los políticos de combatir el crimen organizado y la impunidad.
Liderada por el opositor partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG, derecha), la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso dio un dictamen desfavorable a la iniciativa de ley para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), la cual es promovida por el Poder Ejecutivo.
Ese dictamen fue apoyado, además de los diputados del FRG, por dos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, centro-izquierda) cuyo candidato presidencial Álvaro Colom, en las encuestas puntea como favorito para ganar las elecciones del próximo 9 de septiembre, y que públicamente se ha pronunciado a favor de la creación de esa instancia.
Diversas organizaciones sociales, diputados de oposición y hasta el Vicepresidente de la República, Eduardo Stein, han señalado que la negativa de algunos legisladores a que la CICIG cobre vida, se debe al temor de éstos de que sus intereses personales salgan afectados.
“Bajo los argumentos de lesión de soberanía se están tapando gusaneras que no se quieren abrir. Nosotros, en el Ejecutivo, aceptamos que parte de nuestra institucionalidad está penetrada por el crimen organizado” y por eso se ha pedido el apoyo internacional “para quitar esos quistes”, dijo Stein a periodistas.
La CICIG ha recibido el apoyo de la sociedad civil guatemalteca y de amplios organismos e instituciones internacionales que ven en ella el único mecanismo capaz de desmantelar los poderes paralelos al Estado y grupos criminales que afectan la gobernabilidad de Guatemala.
La misma estaría integrada por especialistas nombrados por las Naciones Unidas, que trabajarían en coordinación con la Fiscalía guatemalteca para investigar a los grupos clandestinos.
El Gobierno guatemalteco ha reconocido que instituciones como la Policía Nacional Civil, las Aduanas, la Dirección General de Migración y hasta el Ejército, los tribunales y la Fiscalía, están infiltradas por grupos paralelos que defienden los intereses del crimen organizado y el narcotráfico.
La Fundación Myrna Mack, que promueve la lucha en contra de la impunidad en el país, señaló que la negativa de algunos diputados de crear la CICIG, se debe al interés de éstos de “garantizar la impunidad” para los grupos criminales.
