Al terminar los primeros 6 meses de esta gestión gubernamental, los Poderes Ejecutivo y Legislativo coinciden en señalar que ambos actuaron en pro de la clase trabajadora. La Presidencia valora positivamente el aumento del salario mínimo; mientras que la Asamblea Nacional reporta como un logro la aprobación de la nueva Ley de Salario Mínimo. Dicha ley tiene por objetivos facilitar aumentos periódicos en el salario mínimo, y asegurar que la discusión respecto al aumento no se prolongue indefinidamente en la comisión que coordina el Ministerio del Trabajo.
A primera vista, estas políticas parecieran ser justas y equitativas, pues tienen por objetivo aumentar el ingreso de los que ganan menos. Sin embargo, al analizar detenidamente el impacto que ellas tendrán en la economía, podemos predecir que con su implementación se estará perjudicando a un grupo poblacional aún más necesitado: los desempleados.
Toda política pública tiene ganadores y perdedores. Al aumentar el salario mínimo se beneficia a los trabajadores que tienen empleo y perciben los menores ingresos. A costa de esto, se perjudica a aquellos que desean ingresar al mercado laboral, pues un encarecimiento en el costo de la mano de obrar trae como consecuencia una reducción en la demanda de trabajadores, y por ende un aumento en el nivel de desempleo.
Se estima que al aumentar el salario mínimo se beneficiaría a alrededor de unos 100 mil trabajadores y se estaría dificultando el ingreso al mercado laboral de unos 90 mil desempleados. Si bien es cierto que el Estado debe impulsar medidas que favorezcan a la mayoría de los nicaragüenses, hay que reconocer que éste debe focalizar sus esfuerzos en beneficiar a los más necesitados. Lamentablemente en muchas ocasiones éstos carecen de representatividad en los círculos de poder. Es así, que en la Comisión del Salario Mínimo se encuentran representados el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, no así los desempleados. Desgraciadamente su falta de organización los deja al margen de una discusión que afecta sus posibilidades de encontrar empleo.
Por su parte, hay que destacar que un aumento en el salario mínimo no garantiza una mejoría en el nivel de vida de la clase trabajadora, pues este incremento en el costo de producción de bienes y servicios podría desencadenar un aumento inflacionario que disminuya su capacidad de compra en comparación con el que se tenía antes de implementar la política.
La incertidumbre generada a raíz del cambio de gobierno, el incremento en los precios del petróleo y la crisis energética han desencadenado una desaceleración de la actividad económica y aumentos en los precios de los productos de la canasta básica. En este sentido, podemos afirmar que las medidas impulsadas no llegan en el mejor momento, pues al encarecer el costo de la mano de obra no se está mejorando la competitividad y productividad del país, lo cual podría acelerar aún más la crisis económica y acentuar el desempleo.
La situación actual que atraviesa nuestra economía, la pobreza que azota a nuestro país y el clamor que miles de nicaragüenses tienen por encontrar trabajo debería de motivar a nuestra clase política a impulsar iniciativas que flexibilicen el mercado laboral e incentiven la generación de empleos.
