La detención de 14 personas después de una protesta a principios de mes, en una pequeña ciudad, entre ellas una joven comunicadora, reavivó en El Salvador una encendida polémica política y legal sobre los alcances y efectos de la severa Ley Antiterrorista del país, defendida por el Gobierno pero cuestionada por opositores y activistas civiles.
El debate sobre la ley, que entró en vigor el año pasado, se acentuó con los acontecimientos de Suchitoto, 44 kilómetros al noreste de San Salvador, del 2 de julio pasado.
Ese día fue apresado un grupo de 14 activistas de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes), cerca de Suchitoto. Se oponían a la llegada del presidente Elías Antonio Saca, quien lanzó en aquella localidad un programa de descentralización del agua.
La protesta, que terminó en un enfrentamiento entre campesinos y la Policía, se inició ante la llegada del presidente Saca. A juicio de las comunidades rurales, el programa iniciado por el Gobierno busca privatizar el servicio de agua.
El 7 de julio, un tribunal especial liberó a uno de los detenidos, pero ordenó la detención provisional de los 13 restantes, por lo cual mientras se ventila el proceso pueden pasar encarcelados hasta tres meses en virtud de la nueva ley.
Entre los detenidos, que son acusados por “actos de terrorismo”, se encuentra la periodista María Haydée Chicas, encargada de prensa de Cripdes, organización que había convocado a un foro en Suchitoto, al que asistían los campesinos que protagonizaron la protesta.
“Está claro que la ley antiterrorista es desproporcionada, es claro que el Gobierno con ella no busca proteger al país. La intención es tenerla como instrumento para enfrentar el descontento popular y por eso se tiene que declarar inconstitucional”, declaró a la AFP el portavoz del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Sigfrido Reyes.
Abogados y jueces se han sumado a las críticas de la ley, tras indicar que no se debe confundir manifestaciones sociales con actos de terrorismo y que por lo tanto los castigos no deben sobredimensionados.
“La ley no es proporcional, porque ahora resulta que matar o violar es menos grave que obstaculizar un lugar público que podría ser también una calle”, declaró la juez Paula Velásquez.
Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional la Ley Antiterrorista.
El Departamento de Periodismo de la estatal Universidad de El Salvador (UES) exigió al Gobierno la liberación “inmediata” de la periodista María Haydée Chicas, quien se encuentra detenida acusada de “actos de terrorismo”.
Contreras recordó que organizaciones internacionales de periodistas, como Reporteros sin Fronteras, se han pronunciado por la liberación de Chicas.
Agregó que “es un atropello a la libertad de expresión (ya que) el periodismo institucional también se respeta como el periodismo de los medios de comunicación”.
SACA AMBIGUO Y OFICIALISMO QUIERE ENDURECER PENAS
Inicialmente, Saca se había comprometido a revisar el caso de la comunicadora, sin que hasta el momento su Gobierno haya realizado una acción concreta para descargar las acusaciones de “actos terroristas” bajo las que Chicas fue arrestada por la Policía.
Pese a sus declaraciones anteriores, aseguró a inicios de esta semana que en estos días se presentará al Congreso una reforma de la ley penal para aumentar la pena de cárcel para quienes provoquen desórdenes públicos como cierre de calles o pintas y daños a edificios.
“Una persona honrada, honesta, que vive su vida sin ningún problema, no tiene ninguna consecuencia si la Asamblea Legislativa decide aumentar la pena para los desórdenes públicos”, aseguró Saca en una improvisada rueda de prensa en el central departamento de San Vicente.
El viceministro de Seguridad Pública y Justicia, Astor Escalante, señaló que se propondrá a los congresistas reformas al Código Penal para incrementar a entre ocho y quince años la pena de prisión por el delito de desórdenes públicos, según la gravedad de la situación.
Actualmente, la ley penal establece pena de cárcel de entre seis meses y hasta cuatro años por causar desórdenes públicos. En los casos en que una condena no supere los dos años de prisión, los acusados pueden salir en libertad condicional mediante el pago de una fianza.
Con la reforma penal, el Gobierno pretende que los culpables de desórdenes públicos cumplan la condena en prisión y no puedan librarse con el pago de una fianza.
“Éste es un mensaje para el que cierre una calle, arruine un vehículo, dañe la propiedad privada y pública y el que impida la libre circulación. Va a tener una consecuencia”, dijo Saca, quien aseguró que la nueva ley “de ninguna manera va a dañar las libertades públicas, pues aquí todo el mundo se puede manifestar”.
ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY
Si un grupo armado se toma un lugar público, afectando servicios esenciales o el tráfico normal de las calles o de edificios de Gobierno, sus miembros irían a prisión hasta por 40 años, de acuerdo a la Ley Antiterrorista aprobada en septiembre de 2006.
La ley también penaliza con prisión de hasta 10 años al que públicamente justifique el terrorismo o incite a cometer actos de terror.
Entre las agravantes que aumentan las penas en una tercera parte del máximo a los delitos de terrorismo sobresalen las siguientes: cuando afecten servicios públicos o el tráfico, cuando las víctimas fuesen violentadas física, sicológica o sexualmente, cuando el terror lo provocare un funcionario público, cuando entre las víctimas se encuentren menores, embarazadas, inválidos o ancianos.
Pese a los temores expresados por el FMLN en cuanto a la intencionalidad de la ley, las penas más severas, de hasta 65 años de prisión, son para cuando los terroristas causen lesiones o muertes en la toma de rehenes, durante la toma de un buque o un avión. Si en esos casos, se dan agravantes, la pena aumenta a 86 años.
