Complicidad Los sindicalistas Antonio Jarquín y José Espinoza Navas aseguraron que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo actúan en complicidad con el resto del aparato estatal, en contra de los derechos laborales de las personas que han sido despedidas del Gobierno desde que el presidente Daniel Ortega asumió el pasado 10 de enero . “Siempre nos hemos encontrado con una actitud de complicidad y tolerancia a la violación de los derechos sindicales, laborales y humanos de los trabajadores”, mencionó Jarquín. “Dada la alineación de todos los ministerios con la política lógica del Estado, pues entonces están ya funcionando como activistas políticos y sindicales dentro de las propias empresas y esto es preocupante”, añadió Espinoza Navas. “Estamos elevando estas violaciones a los derechos humanos, sindicales y sociales de los trabajadores nicaragüenses, ya como queja contra el Gobierno de Nicaragua, contra el Estado nicaragüense por todo lo que está pasando”, manifestó Espinoza Navas. El Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) también anunció su respaldo al político conservador Alejandro Bolaños Davis, a quien el Consejo Supremo Electoral le anuló su diputación, por supuesta falsificación de documentos. El CPT rechazó la existencia de los gubernamentales Consejos del Poder Ciudadano, al decir que provocan “zozobra” y “amenazan la estabilidad laboral”.

El Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), una central sindical que reúne a varios gremios, informó ayer que elevarán una denuncia ante organismos internacionales en contra del Gobierno del sandinista Daniel Ortega, por violar los derechos laborales de empleados en distintas carteras públicas.

Antonio Jarquín y José Espinoza Navas, del CPT, explicaron que la demanda será interpuesta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

DESPIDO A SINDICALISTAS

Ambos sindicalistas dijeron que hay al menos seis mil personas despedidas del aparato público desde el pasado 10 de enero, cuando inició el mandato de Ortega.

Además, que en distintos ministerios han despedido por lo menos a cincuenta sindicalistas que están protegidos por las leyes.

Jarquín indicó que los entes que han efectuado despidos ilegales son, entre otros, el Ministerio de la Familia, Ministerio de Transporte, Dirección General de Ingresos, Instituto Nacional para el Desarrollo, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto de Fomento Municipal y los hospitales del Ministerio de Salud.

Jarquín agregó que el CPT introducirá la denuncia en los próximos días, como mandato del segundo congreso que efectuaron recientemente.

“Para hacer prevalecer los derechos sindicales, laborales y humanos de los trabajadores democráticos y sus organizaciones, haciendo los respectivos cargos legales al Gobierno de Nicaragua”, mantuvo Jarquín.

“POLÍTICA TORPE”

El dirigente sindical añadió que la incertidumbre provocada por Ortega ha resultado en que un 57 por ciento de los proyectos del sector construcción estén paralizados y además, que tres empresas de las zonas francas hayan cerrado operaciones, sin que hasta ahora ninguna nueva compañía anuncie su apertura.

“Hay una política errónea y torpe, literalmente”, precisó.

El sindicalista agregó que hay preocupación por la posibilidad de que el Gobierno de Ortega decida romper relaciones diplomáticas con Taiwán.

“Nos preocupa que en este caso el Gobierno de Nicaragua se vea tentado a hacer lo que hizo el Gobierno de Costa Rica recientemente y que pueda afectar aquí la inversión taiwanesa, que es millonaria en este país”, advirtió Jarquín.