Los primeros hallazgos de una auditoría especial sobre las indemnizaciones que se recetaron 85 ex funcionarios de la extinta Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), confirman que estos pagos son ilegales.
Un informe ejecutivo de la Contraloría General de la República (CGR) refiere que los pagos en concepto de liquidaciones laborales estuvieron al margen del código laboral, y el Estado pagó 8.7 millones que no le correspondía.
Los fondos salieron de la cuenta Fondos a Terceros TGR-Telcor, por instrucciones de Martha Julia Lugo Balcáceres, ex directora general de Telcor, revela el documento.
Las situaciones preliminares referidas en el informe están basadas en “la única documentación” que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) logró obtener de la extinta Sisep.
La Contraloría ordenó la realización de una auditoría especial en las indemnizaciones, después que LA PRENSA hizo pública la “piñata” de liquidaciones desproporcionadas que recibieron los servidores públicos.
Entre las evidencias con que cuentan los auditores de la CGR, están las solicitudes de pago de Lugo Balcáceres dirigidas al ex director general de Contabilidad Gubernamental para que se elaboraran los cheques de liquidaciones afectando los fondos de Telcor, supuestamente basados en un acta de acuerdo de la misma Contraloría con fecha 24 de noviembre de 2005.
La Contraloría, sin embargo, comprobó que no autorizó proceso alguno en el acta referida.
El informe detalla que en el análisis de la documentación de la Sisep no se refleja que los beneficiarios hayan recibido el pago correspondiente a sus indemnizaciones.
INFORMACIÓN NO ES SUFICIENTE
La información con la que cuenta la CGR es limitada. Los auditores señalan que a la fecha se desconoce la cantidad exacta del personal que laboró en la Sisep, dado que no han obtenido los expedientes laborales ni los contratos de trabajo.
La investigación de la Contraloría no podrá abarcar al ex superintendente Víctor Guerrero Ibarra, por orden del Tribunal de Apelaciones de Managua, que ordenó al ente fiscalizador abstenerse de iniciar la auditoría, mediante la tramitación de un recurso de amparo.
Este “escudo” de Guerrero Ibarra está impidiendo a la CGR saber el paradero de los informes administrativos de la extinta Sisep, lo cual ha obstaculizado la obtención de información.
“Del total de los 85 ex funcionarios (proporcionados por el MHCP) para notificarles el inicio de auditoría, únicamente contamos aproximadamente con las direcciones de 20 de ellos, a pesar de habernos dado a la tarea de extraer las direcciones de los endosos de los cheques fiscales pagados y devueltos por los bancos (...)”, cita el informe.
En suma, el paradero de la documentación más importante de la Sisep no se conoce. Recibos certificados, expedientes laborales en concepto de préstamos, nombres y direcciones, no aparecen.
Ante esta limitación, los auditores decidieron notificar a los ex funcionarios a través de edictos.
La Sisep fue gestada por las bancadas liberal y sandinista en el 2005 para golpear políticamente al entonces presidente Enrique Bolaños y restarle el control sobre las instancias reguladoras de los servicios básicos.
Esta institución existió solamente por cuatro meses y nunca operó formalmente. Posterior a algunos acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, fue creada una Ley Marco y la Sisep quedó en “stand by”.
La Ley Marco fue un acuerdo político que además de congelar a la Sisep, también suspendió la aplicación de las reformas constitucionales que restaban facultades al Presidente para nombrar a su Gabinete y cuerpo diplomático.
UNA “PEQUEÑA” MUESTRA
El cálculo de las liquidaciones de los ex funcionarios revela sorprendentes hallazgos, tales como el pago de cantidades exorbitantes.
Los funcionarios supuestamente cesaron en sus cargos con el cierre de la institución, el 19 de octubre de 2005.
El reverendo Miguel Ángel Casco, uno de los más beneficiados, aparece en la lista de ex funcionarios desempeñando el cargo de “asesor social”, cuyo salario designado fue de 34 mil córdobas.
Según la documentación, Casco “trabajó” un día (del 18 de octubre de 2005 hasta el 19 del mismo mes). Es decir, trabajó lo correspondiente a 0.03 meses, según los cálculos.
Por ese día de trabajo, al reverendo Casco le correspondía recibir una indemnización de 182.99 córdobas, pero en realidad le fueron entregados 170,000 el 12 de diciembre de 2005. Esto significa que más de 169 mil córdobas fueron pagados ilegalmente.
El ex superintendente Víctor Guerrero también lidera la lista de los ex funcionarios beneficiados, con 360 mil córdobas de liquidación.
Guerrero se había asignado un salario de 120 mil córdobas mensuales y según los registros laboró desde el 6 de febrero de 2005 hasta el 30 de diciembre del mismo año, pese a que la institución había cesado desde el 19 de octubre.
Este período “trabajado” corresponde a 10.90 meses, por lo que sólo debía recibir 194,476 córdobas . En este caso el Estado pagó indebidamente 165 mil 523 córdobas.
A raíz de la denuncia, los contralores advirtieron que los ex funcionarios beneficiados deben devolver el dinero que no les corresponde, un dato que aún no ha sido precisado debido a la falta de datos.
Cuando LA PRENSA hizo la denuncia pública en marzo pasado, logró preguntar a algunos de los implicados, entre ellos el abogado Adolfo García Esquivel, quien recibió 180 mil córdobas; el periodista Moisés Absalón Pastora y el reverendo Miguel Ángel Casco.
La reacción de García Esquivel y Absalón Pastora fue de molestia cuando fueron preguntados por sus aportes como funcionarios pagados con dinero de los contribuyentes.
“Pues mi trabajo fue hacer lo propio que hace una oficina de relaciones públicas: divulgación y prensa”, expresó en aquel momento Absalón Pastora.
En tanto, el reverendo Casco indicó que no precisaba el monto de lo que recibió en concepto de liquidación, pues no tenía a mano algún recibo, aunque atinó a “recordar” que su salario mensual oscilaba entre 25 y 30 mil córdobas.
Aunque dijo no recordar el dato, Casco negó haber recibido los 170 mil córdobas que refleja la documentación.
