El Ministerio Público acusó por el delito de asesinato a los cuatro sospechosos de participar en el crimen del comisionado Manuel Guillermo Obando, dos como coautores y dos como encubridores.
Pero el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez consideró que la investigación del caso todavía está abierta, pues aún existen interrogantes.
La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, confirmó que la madrugada de ayer ordenó a la Policía ampliar las diligencias relacionadas con el crimen, en lo concerniente al seguro de vida de Obando.
Rosales dijo que indagan quiénes son los beneficiarios y el monto.
Ayer se acusó a Luis Miguel Ordóñez Leiva, de 19 años y Héctor Antonio Aragón Roa, de 22, como los autores materiales directos del asesinato del comisionado Obando. Milton Leonardo Rayo Miranda, de 31 y Christian Armando Rivas Morales, de 25, fueron señalados como encubridores del mismo.
Se presume que Rayo y Rivas tenían conocimiento del crimen y le estaban buscando venta al carro del comisionado Obando.
FAMILIARES PROTESTAN
A la salida de los juzgados, los familiares de los procesados protestaron porque, según ellos, desde que están detenidos no les han permitido hablar con ellos.
“¿Por qué cree que la Policía no deja que los veamos?, porque los están torturando. Ellos son inocentes y no me voy a cansar de decirlo”, expresó Aleyda Aragón, hermana de Héctor Aragón Roa.
Aragón insistió en que la Policía está utilizando a su hermano y a los otros jóvenes como “chivos expiatorios” y pidió a las autoridades competentes que encuentren a los verdaderos responsables del asesinato del comisionado.
El comisionado mayor Alonso Sevilla, relacionista público de la Policía, explicó que no es práctica de la institución torturar a los sospechosos para obligarlos a confesar un delito, aunque aclaró que a los sospechosos del crimen del comisionado Obando se les ha interrogado con frecuencia para destruirles sus coartadas.
La acusación de la Fiscalía indica que los sospechosos desde hace un mes habían planificado cometer el crimen. La principal motivación aparente era apropiarse de tres tarjetas de crédito que poseía la víctima.
La fiscal auxiliar Grethel Fernández confirmó que los sospechosos no robaron dinero, pues no encontraron los plásticos.
Las autoridades dijeron que continúa citando a declarar a personas relacionadas con el caso, entre los que mencionó familiares de la víctima. Fernández explicó que por ejemplo al hijo mayor de la víctima, Manuel Guillermo Obando Reyes, lo citaron nuevamente el lunes, para ampliar su entrevista, debido a que en el primer momento en que abordaron a la familia, estaba reciente el hallazgo del cadáver y consideró “era una circunstancia difícil e incómoda estar interrogando en ese momento”.
La acusación fue introducida ante la Juez Octavo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Karla García Zepeda, quien ayer mismo realizó la audiencia preliminar, admitió la acusación y dictó la prisión preventiva en contra de los cuatro acusados.
Aragón y Ordóñez se declararon inocentes y sus abogados defensores denunciaron ante la judicial que la Policía Nacional los está torturando física y psicológicamente, por lo que solicitaron el traslado de éstos al Instituto de Medicina Legal para una revisión médica.
Durante la audiencia preliminar los abogados defensores aseguraron que ni Ordóñez ni Aragón han admitido nunca haber participado en el crimen, tal y como lo aseguró en días recientes la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional.
La audiencia inicial del caso quedó fijada para las nueve de la mañana del jueves 26 de julio próximo.
Aragón y Ordóñez no negaron que, la tarde en que fue asesinado el comisionado Obando, estuvieron conversando con él, pero desmintieron haber irrumpido en su vivienda para propinarle las ocho estocadas que acabaron con su vida.
Según la acusación, el día del crimen los acusados penetraron de noche a la vivienda armados con un cuchillo y una navaja.
