En los próximos días deberá comparecer ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el conflicto del proyecto Arenas Bay, la persona que gestionó ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab) la liquidación de la Cooperativa Agrícola Pedro Joaquín Chamorro, del municipio de Tola, Rivas.
El presidente de esta comisión investigadora, diputado José Pallais, informó que con la entrevista a esta persona, cuya identidad prefirió omitir, se estarían acercando al final de las averiguaciones del caso.
“Después sólo faltaría una entrevista con un funcionario del Instituto de Estudios Territoriales y unos documentos que les hemos solicitado, para concluir el plan de trabajo que nos habíamos propuesto”, indicó.
En las investigaciones del caso, la Comisión Especial ha entrevistado a los inversionistas de Arenas Bay, a los campesinos en conflicto con la Sociedad San Cristóbal, entre otras personas del sector de Tola.
La investigación se realiza sobre el conflicto por tierras que los campesinos reclaman como suyas a los inversionistas de Arenas Bay y la extorsión que fue denunciada por el empresario Armel González Muhs.
La denuncia compromete directamente a varios miembros del partido Frente Sandinista, y principalmente al cónsul en Costa Rica, Gerardo Miranda Obregón, señalado de haber exigido cuatro millones de dólares al empresario González por arreglar a su favor el conflicto de tierras con los campesinos.
El diputado Pallais espera tener listo el informe de la comisión investigadora, a finales de agosto de este año.
El doctor Pallais también informó que la Comisión Especial se reunirá hoy con dos grupos de inversionistas que aseguran ser víctimas de extorsión, similar a lo denunciado por González.
Pallais dijo que los inversionistas, de la zona de Tola, también aseguran ser víctimas de extorsión por parte de gente que invade las tierras y luego envían mensajeros a los dueños, pidiendo dinero a cambio de desistir de la toma. “Esto afecta a la gente que de buena fe ha invertido su dinero en el país”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, Miriam Argüello, (otra comisión parlamentaria que investiga el mismo asunto) descalificó los intereses del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por tratar de separarla de las investigaciones del caso.
