El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) informó ayer oficialmente que impulsarán una ley para que los 185 millones de córdobas del gubernamental programa Hambre Cero, sean administrados por las alcaldías y no por los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes además son los delegados de los todopoderosos Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Además, el PLC reiteró que junto a la Alianza Liberal Nicaragüense y el Movimiento Renovador Sandinista (PLC), derogarán la existencia de los CPC, a través de una reforma a la Ley 290, de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo.
La ALN, el PLC y el MRS suman cincuenta de los 92 votos en la Asamblea Nacional, lo suficiente para reformar la Ley 290 y desaparecer a los CPC.
“A través de dar chanchitos, vaquitas, gallinas, están tratando de comprar lealtades políticas y usan la estructura del FSLN para manejar los recursos de Hambre Cero”, dijo el diputado Wilfredo Navarro.
Una teoría es que a través del programa Hambre Cero, el FSLN estaría capitalizando votos para los comicios municipales del 2008.
PETRONIC SE VA EN EL SACO
Una tercera iniciativa que promoverá el PLC será introducida hoy, para que la compra y comercialización de petróleo venezolano por parte de la estatal Petronic sea, por ley, aprobado por la Asamblea Nacional.
La ALN y el MRS también se han pronunciado con anterioridad a favor de una iniciativa de ese calibre, por lo cual pareciera inminente que el FSLN está ante un segundo semestre legislativo que estará lleno de estocadas en su contra.
Navarro explicó que la iniciativa que introducirán hoy será para reformar la ley creadora de Petronic, para establecer también que los endeudamientos y préstamos por parte de la estatal nicaragüense deberán gozar de una aprobación del parlamento.
LOS CPC
También es pública la coincidencia entre la ALN, el PLC y el MRS para abolir los CPC, que de acuerdo al Poder Ejecutivo participarán directamente en la planificación de las políticas públicas .
“La gran preocupación es que al ser los secretarios políticos a quienes se les está entregando la decisión de a quién darle los chanchitos y las vaquitas, demuestra una actitud delictual del uso de los recursos del Estado, para un manejo político”, señaló Navarro.