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Noticias >> Política
La dirigencia nacional del PLC, se reunió ayer para definir una serie de iniciativas de ley dirigidas a controlar decisiones del Ejecutivo. ( LA PRENSA/M. ESQUIVEL)
FSLN se enfrentará a turbio panorama legislativo
PLC busca juntar votos con ALN y MRS para controlar el presupuesto del programa Hambre Cero
Los tres partidos quieren derogar los Consejos del Poder Ciudadano
Ludwin Loáisiga López
politica@laprensa.com.ni
ALN insiste

El diputado y presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, insistió ayer en que debe aprobarse una unidad con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), tanto en el ámbito legislativo como en el electoral.

Montealegre señaló que la ALN aprobó la existencia de una comisión negociadora de carácter electoral, que la integrarán Luis Fonseca, Alfonso Callejas, Brenda Mayorga y Arnulfo Barrantes.

Montealegre alertó que quedan pocos meses para efectuarse las elecciones municipales, que pondrán en juego 153 alcaldías.

“Tenemos que empujar, porque el calendario ya está acercándose, porque aunque estemos a 15 ó 16 meses, es un tiempo muy corto en término de elecciones”, dijo Montealegre.

“Todo está enfocado en hacer desaparecer los candados que hay allí para negociar con el Frente Sandinista”, añadió Montealegre al referirse al interés de la ALN por desmontar el llamado pacto entre el FSLN y el PLC.

Por otro lado, el PLC pujará para que la Comisión de Probidad, que preside Miriam Argüello, una aliada al FSLN, se aparte de las investigaciones que se siguen al llamado caso Tola, en el que un inversionista acusó a importantes miembros del partido de Gobierno de extorsionarlo a cambio de arreglar la situación jurídica de varias manzanas de tierra.

Para el PLC la investigación debe efectuarla únicamente una Comisión Especial, para evitar dictámenes contradictorios.

No son legales

“Los Consejos del Frente Sandinista no tienen ninguna relación con los Consejos que se autorizan en la Ley 290. En la práctica se da una manipulación, porque se crean Consejos (...) queriéndoles dar una protección legal que no tienen”, dijo Wilfredo Navarro.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) informó ayer oficialmente que impulsarán una ley para que los 185 millones de córdobas del gubernamental programa Hambre Cero, sean administrados por las alcaldías y no por los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes además son los delegados de los todopoderosos Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Además, el PLC reiteró que junto a la Alianza Liberal Nicaragüense y el Movimiento Renovador Sandinista (PLC), derogarán la existencia de los CPC, a través de una reforma a la Ley 290, de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo.

La ALN, el PLC y el MRS suman cincuenta de los 92 votos en la Asamblea Nacional, lo suficiente para reformar la Ley 290 y desaparecer a los CPC.

“A través de dar chanchitos, vaquitas, gallinas, están tratando de comprar lealtades políticas y usan la estructura del FSLN para manejar los recursos de Hambre Cero”, dijo el diputado Wilfredo Navarro.

Una teoría es que a través del programa Hambre Cero, el FSLN estaría capitalizando votos para los comicios municipales del 2008.

PETRONIC SE VA EN EL SACO

Una tercera iniciativa que promoverá el PLC será introducida hoy, para que la compra y comercialización de petróleo venezolano por parte de la estatal Petronic sea, por ley, aprobado por la Asamblea Nacional.

La ALN y el MRS también se han pronunciado con anterioridad a favor de una iniciativa de ese calibre, por lo cual pareciera inminente que el FSLN está ante un segundo semestre legislativo que estará lleno de estocadas en su contra.

Navarro explicó que la iniciativa que introducirán hoy será para reformar la ley creadora de Petronic, para establecer también que los endeudamientos y préstamos por parte de la estatal nicaragüense deberán gozar de una aprobación del parlamento.

LOS CPC

También es pública la coincidencia entre la ALN, el PLC y el MRS para abolir los CPC, que de acuerdo al Poder Ejecutivo participarán directamente en la planificación de las políticas públicas .

“La gran preocupación es que al ser los secretarios políticos a quienes se les está entregando la decisión de a quién darle los chanchitos y las vaquitas, demuestra una actitud delictual del uso de los recursos del Estado, para un manejo político”, señaló Navarro.

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