El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, informó ayer que harán una revisión de la situación en el municipio El Ayote, donde la casa que alberga al juzgado es propiedad del asesino de la periodista María José Bravo, quien era corresponsal de este Diario.
LA PRENSA publicó este lunes la existencia de un contrato de arriendo suscrito entre Juana María Duarte, cónyuge de Hernández y la Corte Suprema, para la instalación del juzgado de ese municipio, por la cual el Poder Judicial paga la suma de doscientos dólares mensuales.
Sobre Hernández pesa una condena de 25 años de prisión por el delito de asesinato en perjuicio de la periodista, quien dejó en la orfandad a un menor de edad.
“Si alguien solicitara la revisión del contrato, pues tomaríamos los pasos para considerarlo, pero no es una cosa que se hizo a posteriori ni como para premiar. Fue una cuestión anterior a la fundación del juzgado de El Ayote”, declaró el magistrado Martínez Sevilla.
“Ahí funcionaba (el juzgado) y ahí sigue funcionando, no tenemos casa de justicia, pero en cuanto se venza el contrato, si incomoda lo vamos a cambiar”, añadió.
LA PRENSA realizó una visita en el local designado y pudo constatar que no presta las condiciones para ejercer las labores judiciales. Además de su estrechez, la casa presenta problemas de filtración de agua a través del techo.
El magistrado Martínez explicó que el contrato no puede invalidarse “por... quitá, quiero pasar”.
La instalación del juzgado en ese local fue decisión del Alcalde de El Ayote por el PLC, José Ramón Álvarez Pérez, primo del reo Eugenio Hernández.
Históricamente esta familia ha tenido las riendas de la joven municipalidad. Ahí también fungió en el cargo de alcalde José Luis Hernández, hermano del asesino de la periodista.
IRREGULARIDADES
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), realizado en la Alcaldía de El Ayote, detectó un desorden administrativo muy singular, heredado por José Luis Hernández.
El informe de auditoría financiera y del cumplimiento de las transferencias municipales del Presupuesto General de la República, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre del 2004, señala varias irregularidades como casos de incumplimiento significativo de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas deficiencias se resumen en la falta de cumplimiento de requerimientos o violaciones de prohibiciones a las leyes, regulaciones y contratos.
Pese a las irregularidades, los auditores consideraron que el estado de los ingresos, egresos y fondos disponibles fueron presentados razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Alcaldía municipal El Ayote.
