El gobierno del presidente Daniel Ortega prometió hoy respetar las inversiones turísticas en Nicaragua, en un intento por calmar la incertidumbre en este sector, tras conocerse la decisión oficial de cerrar una empresa turística que denunció haber sido extorsionada por políticos sandinistas.

“Para nosotros es sumamente importante decirles a todos estos inversionistas que han sido atraídos por las bellezas de nuestro país, que todos sus derechos registrales como dueños de las tierras que han adquirido y comprado serán absolutamente respetados”, garantizó el procurador de Justicia, Hernán Estrada, en rueda de prensa.

La Procuraduría se pronunció en representación del gobierno, luego de que la presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, advirtió que las amenazas de confiscación que pesan sobre la empresa turística Arenas Bay, que denunció la presunta extorsión, están ahuyentando la inversión extranjera.

Los socios de Arenas Bay acusaron en mayo a dos políticos del gobierno de extorsionarlos con cuatro millones de dólares a cambio de resolver un conflicto de propiedad que enfrentan con los antiguos dueños de la tierra donde se construyó el proyecto, que fue cerrado por dañar el medio ambiente.

Valenti dijo que el anuncio ha provocado que algunos miembros de Canatur que han comprado propiedades en Nicaragua para desarrollar proyectos turísticos suspendan las obras, mientras otros están buscando cómo vender las propiedades por temor a perder su capital.

“BUENA FE”

Estrada aseguró sin embargo, que el gobierno de Ortega no tiene intenciones de perjudicar a los inversionistas que han actuado “de buena fe”, ni a los pensionados y extranjeros que han comprado propiedades con fines turísticos en Nicaragua.

“A todos ellos nuestra certeza seguridad de que todas esas inversiones serán absolutamente respetadas”, indicó el procurador, acompañado de la presidenta del Instituto Nicaragüense de Turismo y de Canatur.

No obstante, el procurador dijo que el gobierno sandinsita se reserva el derecho de cerrar el complejo Arenas Bay, y las empresas turísticas que operan según él de mala fe o dañen el medio ambiente.

Al concluir la conferencia, la presidenta de Canatur dijo que el mensaje del gobierno sandinista transmitía cierta tranquilidad al sector, pero que es contradictorio a la decisión oficial de investigar y eventualmente cerrar las empresas turísticos que dañen el medio ambiente, sin antes cumplir con las normas administrativas que establece la ley. "Diría que es una buena señal la respuesta rápida (que dio el gobierno) a una declaración que hicimos que viene a tranquilizar la inversión", dijo Valenti.