Cuando le preguntaron a la inversionista norteamericana Gail Geerling qué pensaban hacer, ella y sus socios, ante la orden gubernamental de cerrarles el proyecto turístico Arenas Bay, todo lo resumió con una frase: “Estamos en estado de shock”.

Habían invertido cinco millones de dólares o más y por denunciar una extorsión, que les hacían personajes allegados al presidente Daniel Ortega, el Gobierno les quitó el permiso con el pretexto de que incumplieron normas ambientales.

Independiente de cualquier explicación que den ahora los funcionarios gubernamentales, la estocada a la inversión ya está dada.

Sólo falta saber cuántos proyectos más perderá el país por el temor que ha provocado este caso y por el hostigamiento o el bloqueo que le harán a ciertos empresarios los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que organiza Ortega.

Si esos consejos van a ser el “brazo armado” del gobierno sandinista, como ha dicho Ortega, lo más probable es que sean utilizados para acosar a opositores y a empresarios antipáticos al régimen, hasta callarlos o sacarlos del país.

Los CPC serán organizaciones parecidas a los CDS (Comités de Defensa Sandinista) de los años ochenta, aunque ahora tendrán más poder porque impondrán sus decisiones a los ministros de Estado, según ha declarado el Presidente.

Eso es peligroso porque si un inversionista trata de montar su empresa en un territorio y al Consejo no le parece, por puras razones políticas, sencillamente le harán la vida imposible hasta expulsarlo.

Con Ortega llega una suerte de venganza social, alentada por la consigna “arriba los pobres del mundo”, que deja entrever el interés del gobierno sandinista de echar abajo a los ricos, o sacarlos.

Me pregunto cómo harán tantos pobres de Nicaragua para conseguir empleo, cuando en el país haya menos gente con capital, porque al irse los inversionistas desaparecen sus empresas y con estas las oportunidades de trabajo.

Aunque el gobierno sandinista firme acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para mantener el equilibrio macroeconómico, el descenso de la actividad empresarial golpeará a la microeconomía porque cada día, por ejemplo, menos ciudadanos podrán comprar casas o mejorar las que tienen; y el consumo en general decaerá.

El otro problema es que las fuerzas de choque del gobierno sandinista (CPC: brazo armado), además de ahuyentar a los inversionistas, van a provocar la fuga de más trabajadores nicaragüenses que, al margen de las rivalidades políticas, quieren progresar en su país para bienestar de sus familias y, si no pueden, emigran.

Lo ideal es que los pobres aumenten sus oportunidades e ingresos y avancen hacia un estatus de clase media, pero esto jamás se logrará instigando a que una clase social pisotee a la otra, cuando lo que necesita este país es juntar fuerza laboral, talento y capital para producir más y mejor, en un ambiente en que impere la justicia.

No veo a Ortega interesado en reconstruir la clase media del país, como factor de progreso socioeconómico, porque sus acciones excluyentes y confrontativas paralizan la inversión y extienden el shock del que habló Geerling.