Pocos meses después de que el ex alcalde liberal de El Ayote, Eugenio Hernández González, asesinó de un balazo a la periodista de LA PRENSA, María José Bravo, en ese municipio inauguraron la sede del Juzgado Local Único en una casa estrecha, propiedad del mismo asesino, donde aún imparten justicia.
Son cuatro paredes. Falta el agua y la energía eléctrica. Por el techo agujereado se cuela la lluvia. Es evidente que carece de condiciones para realizar una audiencia, porque ni siquiera tiene apariencia de una casa de justicia, excepto por los dos escritorios que copan la estancia.
Pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) paga 200 dólares al mes por el alquiler de ese espacio, más los gastos por servicios.
Hernández González, un activista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), mató a la periodista Bravo en noviembre del 2004, en la ciudad de Juigalpa, en la entrada del centro donde las autoridades electorales contaban los votos de la elección municipal.
Róger Espinoza, director administrativo de la CSJ, explicó que el arriendo de la casa de Hernández González tiene su origen en la Alcaldía de El Ayote: El municipio estaba demandando un juzgado propio y el Poder Judicial aceptó instalarlo, pero había un problema: no tenían recursos para su construcción.
En consecuencia, el alcalde de El Ayote por el PLC, José Ramón Álvarez Pérez, un hombre de 42 años y con sólo el sexto grado de primaria aprobado, acordó con la Corte facilitar un local, incluso mobiliario, para que el joven municipio tuviese su juzgado, y decidió usar esa casa, relató Espinoza.
La Corte se comprometió a nombrar al personal y cubrir los gastos de salario y operativos.
“Parece que después hubo roces entre el alcalde que se había nombrado y las mismas autoridades edilicias (Concejo) y en ese roce se vinieron alejando las buenas relaciones armoniosas y la Alcaldía se desentendió un poco después. Entonces, bueno, ni modo, dijimos, vamos a asumir nosotros porque ya no lo podemos dejar caer ni echar para atrás, entonces efectivamente entramos a negociar un arriendo con la gente de la casa donde estaba originalmente el juzgado”, añadió Espinoza.
La “gente” a la que Espinoza se refiere es Juana María Duarte, cónyuge de Eugenio Hernández. Hace un año la Corte firmó el contrato estableciendo el pago mensual de 200 dólares y el negocio continúa.
“Sí, tenemos ahí en alquiler al señor que vos me mencionaste (Eugenio Hernández), le estamos alquilando y ahí estamos, pues”, agregó. “Nosotros heredamos un ‘rollo’ que la Alcaldía ya había establecido”.
RENUEVAN CONTRATO
El funcionario administrativo afirmó que las autoridades judiciales de El Ayote han solicitado un cambio de local, con mejores condiciones, pero la Corte no puede hacerlo por falta de presupuesto.
No obstante, LA PRENSA conoció en una visita al municipio que existe una oferta mejor y más económica para la CSJ, que no ha sido tomada en cuenta. Espinoza dijo desconocer que exista esa oferta y que sólo sabe de una propuesta más cara.
La Corte sigue “amarrada” con Hernández González y suscribió un nuevo contrato con su familia el pasado 2 de junio, que se vence el 2 de septiembre próximo, según confirmó el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, Carlos Padilla Narváez.
Padilla Narváez declaró que el contrato fue prolongado, pese a que el techo está en malas condiciones y hay un área en la que entra el agua en época de lluvia.
Juana María Duarte se comprometió a hacer mejoras a la casa y, según Padilla, los magistrados dijeron: “Bueno, se le alquilará por tres meses para que ella pueda remodelar la casa”.
“Si ella no mejora, no repara, nosotros vamos a retirarnos... No recuerdo exactamente cuáles son las mejoras, pero las primordiales eran esas, porque se mete mucho el agua ahí”, añadió el magistrado.
APELACIONES DIO “AYUDADITA”
Antes de ser firmado este último contrato, los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa decidieron no cambiar de sitio el juzgado, por diferencias con el juez del municipio, dijo Róger Espinoza.
“La Corte había dicho que se podía considerar el cambio, siempre y cuando no nos encareciera el arriendo, pero el Tribunal tuvo otras consideraciones. Parece que el problema que hay es que las relaciones que se establecen con las autoridades de la municipalidad se enrarecen porque a veces hay algunas actitudes de un lado o del otro”, expuso Espinoza.
El magistrado Padilla Narváez contradijo a Espinoza argumentando que no ha habido ninguna orden del máximo tribunal para que se dé el cambio de sede, pues, las cuestiones administrativas son resorte del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa.
Padilla Narváez alegó que el alquiler de la casa no determina la imagen, la imparcialidad que los jueces o los magistrados puedan tener sobre el caso, y refirió que la sentencia dictada contra Hernández González no ha sido cuestionada, pese a que la emitieron los mismos jueces y magistrados de Juigalpa.
PRESIDENTE CSJ: “NO SÉ NADA”
Manuel Martínez Sevilla, presidente de la CSJ, dijo no estar enterado del arriendo de la casa de Hernández González y apeló a la descentralización que tienen los tribunales, para tomar decisiones administrativas.
Martínez Sevilla descartó que haya “favoritismo” y “partidismo” o intención de ofender al gremio periodístico, al tomar esa decisión.
“Voy a investigar. No debe de preocuparle a ustedes (los periodistas), ni (verlo) como una actitud despectiva o de desprecio para ustedes”, expresó el presidente de la CSJ.
¿TRATAN DE LIBERAR AL ASESINO?
Algunos magistrados liberales de la Corte Suprema podrían estar dispuestos a votar por la libertad de Eugenio Hernández González, condenado a 25 años de prisión por el delito de asesinato.
Fuentes de la CSJ confiaron a LA PRENSA que el magistrado liberal Dámisis Sirias, quien se declara amigo de Hernández González, tiene en sus manos un proyecto de sentencia que favorece al reo con una orden de libertad.
Al ser consultado, Sirias negó que exista ese proyecto, pero fuentes liberales dijeron que hay interés de las más altas esferas del PLC, incluso del ex presidente Arnoldo Alemán, de que Hernández González salga de la cárcel.
Sirias, a pesar de no formar parte de la Sala Penal, intenta convencer a sus homólogos de que firmen el documento, pero no lo ha conseguido, comentó la fuente.
“Alguien me quiere involucrar de una manera maliciosa o mal intencionada con esa cuestión, en la cual yo nada he tenido que ver, ni antes, ni ahora, ni mañana”, sostuvo.
“Yo no soy quién para decirle a un colega mío… Sería un irrespeto de mi parte decirle que tenga que preparar un proyecto de sentencia en determinado sentido, de manera que eso es totalmente falso”, declaró.
Sirias aceptó ser amigo del reo Hernández González y descartó que pueda influenciar en la Corte para favorecerlo, porque no forma parte de la Sala Penal.
El magistrado sandinista Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal, dijo desconocer que esté circulando a lo interno de la Corte un documento en ese sentido.
Fuentes judiciales de El Ayote aseguran que Sirias ha influido para que la Corte continúe rentando la casa a la esposa de Hernández González, pero el magistrado Padilla Narváez rechazó que Sirias le haya dado alguna orientación.
“El doctor Dámisis no me ha dicho absolutamente nada. No he hablado sobre este tema con él”, respondió Padilla Narváez.
