La intervención del Estado en el conflicto por las tierras en Tola entre los socios del proyecto turístico Arenas Bay y socios de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro está complemente fuera de lugar, dado que éste es un conflicto entre particulares, según el ex Procurador General de Justicia, Alberto Novoa.
El sábado se conoció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Procurador Regional del Sur, Wilbert Ramón Ibarra Blanco, intervino a favor de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro en la demanda que ésta tiene en contra de Inversiones González Bolaños para que se anule la compra de unos lotes de tierra en el municipio de Tola, Rivas, donde se pretende seguir desarrollando el proyecto turístico Arenas Bay.
A la fecha, en el proyecto se habían ejecutado entre cinco millones y seis millones de dólares con la venta de unos 70 lotes y la construcción de unas 35 casas veraniegas de lujo, principalmente de parte de ciudadanos norteamericanos y europeos, según confirmaron fuentes allegadas al proyecto.
Para el ex procurador, el Estado sólo podría intervenir en este proceso si en primer lugar busca garantizar un acceso a las costas, que por ley le pertenece al Estado, o si hay un perjuicio ambiental.
Indicó que en el caso del supuesto perjuicio ambiental, el Estado ya estableció su intervención por medio de Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), quien ya ordenó el cierre definitivo del proyecto por supuesta contaminación ambiental, en un acto que ha sido calificado por los socios del proyecto como una intimidación del Gobierno por las denuncias de extorsión en contra de personajes ligados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hechas públicas por los socios del proyecto.
“Si es por las costas, el Estado tiene todo el derecho de reclamarlas, si hay un abuso con estas costas. Ahora, si son dueños particulares, el Estado no tiene razón de ser en los intereses de cada uno de los particulares. Es un acto que no se ajusta a derecho”, consideró el ex procurador general Novoa.
INTENcIONES DE CONFISCAR
El juicio por tierras en Arenas Bay y la intención del Estado de intervenir, han sido interpretadas por los socios del proyecto como una clara intención confiscatoria por parte del Gobierno, en represalia por las denuncias de extorsión en contra de personajes ligados al Gobierno que preside Daniel Ortega.
Según Novoa, el juicio entre los miembros de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro y los inversionistas del proyecto “es un proceso de interés particular (por lo que) el Estado no tiene derecho a intervención”.
“¿En base a qué interés legal (intenta intervenir el Estado?”, —se pregunta Novoa—.
“Solamente proteger unos bienes, pero para eso el Estado tendría que reclamar esos bienes como propios para poder intervenir. Habría que saber cuál es el interés jurídico que tiene el Estado, pues éste sólo puede reclamar el acceso a las playas, afectaciones ambientales, que ya fue reivindicada por el Estado cuando mandó a parar el proyecto”, añadió el ex procurador.
Alejandro Bolaños Davis, suegro del inversionista de Arenas Bay, Armel González, calificó de “locura” y “revanchismo las acciones del Gobierno”.
La abogada de González, Yadira Córdoba, aseguró que “conforme a derecho Inversiones San Cristóbal, como un adquiriente de buena fe, hará todo lo posible legalmente para demostrar que la Procuraduría no tiene facultades para pedir que el proceso se haga en la vía especial”, como busca Ibarra Blanco.
