La Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Intendencia de la Propiedad continúan investigando la existencia de una red de traficantes de tierras que opera en diferentes puntos del país, especialmente en el departamento de Matagalpa, donde los conflictos agrarios son considerados como “una bomba de tiempo”.
“Hay personas de varios departamentos que están vinculadas con esta red”, confirmó el jefe departamental de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Matagalpa, comisionado Cruz Alonso Sevilla Midence, quien indicó que los traficantes de tierras han recurrido a la falsificación de documentos para comercializar ilícitamente las propiedades.
Recibos fiscales, avalúos catastrales, escrituras y minutas de depósitos bancarios son, entre otros, los documentos falsificados para el tráfico ilegal de tierras.
GENERA UNA CADENA DE CONFLICTOS
La falsificación de ese tipo de documentos ha provocado conflictos entre particulares, pero también entre particulares y el Estado de Nicaragua y de este último con los llamados grupos de presión, integrados principalmente por desmovilizados de guerra de diferentes denominaciones.
Sevilla y el Procurador Regional de Justicia para el Norte, Gonzalo Aráuz Hernández, coincidieron en señalar que sólo en el departamento de Matagalpa la Policía y la Procuraduría han detectado al menos 22 casos de propiedades que han sido comercializadas ilegalmente, mediante la falsificación de documentos.
AFECTA A VARIOS DEPARTAMENTOS
Recientemente la Intendente de la Propiedad, Mireya Molina, declaró que la red de traficantes de tierras opera en los departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales, pero también en el municipio El Rama, jurisdicción de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAN).
Sobre el avance de las investigaciones, el comisionado Sevilla apuntó que “estamos en la etapa de documentación... El problema de esto es que son delitos complejos y hay que documentar bien todo para demostrar plenamente la comisión del delito”.
El Procurador Gonzalo Aráuz indicó que sobre el proceso investigativo “podríamos tener resultados en los próximos 15 días”.
