Los cuatro concejales de la Alcaldía de Tola, municipio del departamento de Rivas, enfrentados con la alcaldesa Loyda García, fueron señalados nuevamente por el contralor Luis Ángel Montenegro, de ser autores de hechos delictivos como la falsificación de firmas.
La Contraloría General de la República (CGR) realiza una auditoría en esa Alcaldía, después que la alcaldesa introdujo una denuncia contra los concejales sandinistas y liberales por supuestas irregularidades en actos relacionados con arriendos de lotes costeros.
Los señalamientos contra los concejales sandinistas Rita Medina Pérez y César Lumbí, y los liberales José Dolores Ruiz y Manuel Baltodano, indican que el 19 de septiembre del año pasado incorporaron a la suplente de la concejal Medina, y autorizaron a esta última para firmar —en calidad de secretaria— contratos de arriendo con pobladores que tienen tomadas tierras particulares en las costas de Amarillo.
Montenegro, presidente de la CGR, mostró ayer el dictamen del Laboratorio de Criminalística, de la Policía Nacional, en el cual se concluye que las autoridades municipales de Tola falsificaron trece actas de esa Alcaldía para arrendar terrenos en la comunidad.
“No hay ninguna actitud de parte del Consejo Superior de la Contraloría, de estar persiguiendo a los cuatro concejales. Simplemente las evidencias, los estudios y los análisis efectuados por las autoridades de la Policía Nacional determinan que trece o catorce actas del Concejo Municipal fueron falsificadas para otorgar contratos de arrendamiento en esa comunidad”, detalló el contralor.
“En apariencia (los concejales) se han puesto de acuerdo para hacer ese tipo de concesiones al margen de la ley”, añadió Montenegro.
Según el contralor, el documento determina que el acta donde se lleva la secuencia de todas las sesiones de la municipalidad fue falsificada.
Uno de los argumentos de los concejales, es que el contralor Montenegro está parcializado a favor de la alcaldesa, en vista de que una hija de ella labora en la Contraloría.
Montenegro reconoció que existe una relación laboral pero argumentó que esto no es un delito “ni tiene nada que ver con un hecho irregular”.
“Vincular una cosa con otra es tratar de establecer cortinas de humo”, sostuvo el contralor Montenegro.
