Estados Unidos ha deportado en lo que va del 2007 a casi 40,000 hondureños que ingresaron sin documentos a ese país.
“La situación es dramática”, dijo en rueda de prensa el director de Asuntos Consulares de la Cancillería, Ramón Valladares. “Y esperamos que esa cifra se duplique debido a que las autoridades migratorias norteamericanas están enviando de regreso cada día a por lo menos 200 compatriotas”, añadió.
Valladares informó que la mayoría de los retornados provienen de las ciudades estadounidenses de Washington, Nueva York, Cleveland, Chicago, Kansas, Texas, Los Ángeles, Houston, Minessota y Omaha.
“Por avión han regresado hasta ahora 15,800 compatriotas y por la vía terrestre otros 23,690, que suman 39,490 deportados sólo en casi siete meses de este año”, subrayó.
Las cifras estatales indican que Estados Unidos y México deportaron desde 1997 hasta ahora al menos 310,543 hondureños que ingresaron sin documentos a ambos países.
Según esas estadísticas, Estados Unidos expulsó 100,429 hondureños en 10 años, de 1997 a junio del 2007, en tanto que México lo hizo con otros 210,144 en apenas cuatro años, de mayo del 2003 a la fecha.
El Gobierno cree que en promedio cada 15 minutos un hondureño viaja hacia Estados Unidos sin la documentación en regla, pero apenas el 17 por ciento logra su propósito.
Asimismo, alrededor de 50,000 de ellos solicitan visa cada año a los consulados estadounidenses para viajar legalmente, aunque sólo 10,000 la obtienen.
Más de un millón de hondureños vive en Estados Unidos. Unos 300,000 con residencia, 80,000 bajo protección de una ley temporal que vence en enero del 2009 y otros 700,000 están de manera ilegal, de conformidad a cifras estatales.
LEY DRACONIANA EN CONDADO DE VIRGINIA
Las autoridades del condado de Prince Williams, en Virginia, EE.UU., aprobaron el martes por la noche una medida que niega servicios —atención médica, educación— a los indocumentados y además autoriza a la Policía a pedir papeles de inmigración a los detenidos.
Los ocho miembros de la Junta de Supervisores del condado votaron por unanimidad a favor de la resolución que busca reducir el impacto de la inmigración indocumentada en esa jurisdicción.
El personal del condado tiene 90 días para analizar la aplicación de la iniciativa, considerada una de las más duras contra la migración indocumentada en Estados Unidos.
Aún no está claro qué servicios serán limitados, pero la Junta de Supervisores insta además a las agencias del condado a presentar una lista de servicios que pueden ser negados a los inmigrantes sin papeles, pero sin caer en la violación de las leyes estatales o federales.
