Un magistrado federal determinó el jueves que en 1968 hubo “genocidio” en México, cuando fue reprimida una manifestación estudiantil, pero el presunto responsable del delito no es el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), quien se desempeñaba entonces como Ministro del Interior.
“Está acreditado el cuerpo del delito de genocidio en razón, así lo estimé, que las autoridades del gobierno de aquella época, del 2 de octubre de 1968, realizaron de manera conjunta una acción concertada, preparada y coordinada encaminada a exterminar a un grupo nacional”, dijo en rueda de prensa el magistrado Jesús Guadalupe Luna.
El ex mandatario, quien se encontraba en prisión domiciliaria, obtiene así su liberación inmediata, aunque la Procuraduría General de México (PGR) tiene 10 días para apelar la determinación.
El grupo de la sociedad que se pretendió exterminar en 1968 estaba “constituido por estudiantes de diversas universidades” que realizaron el 2 de octubre de ese año un mitin en la céntrica Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Ciudad de México, añadió el magistrado.
La concentración estudiantil, que pedía “libertades democráticas” en México, fue reprimida por el Ejército y por un grupo paramilitar denominado “Brigada Blanca”.
Según cifras oficiales se registraron 33 muertos, pero la prensa extranjera reportó entonces entre 200 y 300 decesos.
Preguntado al respecto, el magistrado Luna respondió que el número de fallecidos “es indeterminado”.
La consideración de que hubo un genocidio el 2 de octubre de 1968 ya había sido determinada por otro juez —inferior a Luna— en noviembre del año pasado.
El magistrado, aclaró el jueves que él coincidía con el anterior dictamen en cuanto al genocidio, aunque en su sentencia decidió no compartir la acusación en contra de Echeverría.
“Absolutamente ninguna prueba de las aportadas por la Procuraduría General de la República justifica siquiera de manera presuntiva la participación de Luis Echeverría Álvarez en la preparación, concepción o ejecución del genocidio”, aclaró Jesús Guadalupe Luna.
El magistrado agregó que “el delito (de genocidio) subsiste”, por lo que la PGR puede seguir sus investigaciones para tratar de encontrar pruebas sobre los presuntos responsables del ilícito.
El proceso contra el ex mandatario mexicano fue iniciado a instancias de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada por el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la llamada “guerra sucia” de los años sesenta y setenta y principios de los ochenta.
Sin embargo, a finales del año pasado esta dependencia comenzó a ser desmantelada y el caso pasó a ser responsabilidad de la PGR, que hasta el momento no se ha definido sobre si recurrirá o no la última decisión judicial.
