El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció con satisfacción que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no obstante haber demonizado a este organismo financiero al que la izquierda mundial considera el más odiado símbolo del sistema capitalista contemporáneo. Pero la verdad es que nada malo hay en hacer acuerdos con el FMI, a fin de conseguir los préstamos que son indispensables para financiar el déficit fiscal, es decir, el crónico y grave problema de gastar mucho más de lo que se produce y de lo que se recibe adicionalmente en remesas familiares.
El FMI fue creado en julio de 1944 por representantes de 45 gobiernos de distintas partes del mundo, precisamente para que hubiera un sistema de cooperación con los países que sufren graves problemas de desequilibrio financiero. En efecto, según el Convenio Constitutivo del FMI sus objetivos son: “Fomentar la cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos (con las garantías adecuadas) los recursos de la institución”.
Ahora son 185 países los miembros del FMI, de los cuales 56, entre ellos Nicaragua, reciben préstamos concesionales. En atención a éstos, el FMI adoptó en septiembre de 1999 un nuevo enfoque para “formular medidas de política más focalizadas en el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza, (con el fin de) asegurar que los programas de préstamo favorecen a los sectores sociales pobres y se ajustan a la estrategia que los propios países hayan fijado para luchar contra la pobreza”.
Por supuesto que el FMI no concede los préstamos a cambio de nada. Y mucho menos para que los gobernantes de los países que reciben los recursos del FMI con el objetivo de financiar el déficit presupuestario y el desequilibrio de su balanza de pagos, los gasten en cualquier cosa ni para que sigan aplicando las políticas económicas erróneas e irresponsables que los llevaron a la crisis. De manera que el gobierno que quiera obtener los préstamos del FMI tiene que acordar con éste un programa mediante el cual se compromete a resolver sus propios problemas financieros.
Nicaragua forma parte del FMI desde 1946, pero sólo necesitó hacer un programa con dicho organismo para obtener sus préstamos, hasta después de que Daniel Ortega y el FSLN destruyeron la economía nacional con los fracasados programas económicos de la revolución sandinista de 1979 a 1990. De modo que en los años 90, los gobiernos democráticos que sustituyeron al régimen sandinista, se vieron obligados a acudir al FMI para conseguir sus préstamos, a cambio de los indispensables programas de ajustes.
Ahora el gobierno izquierdista de Daniel Ortega se ha visto obligado a negociar un acuerdo a fin de mantenerse en el programa con el FMI, haciéndole lógicamente las modificaciones del caso, cuyo cumplimiento le permitirá obtener los préstamos indispensables para financiar el déficit fiscal y sostener otros programas estratégicos. Este acuerdo, como dijo el asesor económico presidencial, señor Bayardo Arce, le garantizará al gobierno recibir los préstamos del FMI y “permitirá presentar al país como viable para la inversión extranjera”. Pero a cambio, entre otros compromisos el gobierno del presidente Ortega tendrá que manejar de manera transparente los recursos que ingresen al país por vía de la cooperación petrolera venezolana. Lo cual es muy importante, pues la falta de control de esos recursos permitiría al presidente Ortega manejar en la sombra y en forma paralela al Presupuesto General de la República, cuantiosos recursos que servirían para financiar proyectos partidistas y personales; los cuales a la larga tendrían que pagar, con sus impuestos, todos los nicaragüenses como hasta ahora estamos pagando el enorme costo económico de la gran piñata sandinista.
Dicen los negociadores del gobierno de Daniel Ortega que ellos esperan que este acuerdo con el FMI sea el último, porque lo ideal es no tener necesidad de volver a hacer estas negociaciones ni a acordar nada con dicho organismo. Ojalá que así fuera, porque eso significaría que el país volvería a ser solvente económicamente, que no lo es desde la revolución sandinista de 1979.
