La aprobación de la normativa que reglamenta la Ley de Carrera Judicial está abriendo fisuras en las “armoniosas” relaciones que han habido entre los magistrados liberales y sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La normativa se volvió la manzana de la discordia en las reuniones de Corte Plena, pues en ella se establece el procedimiento para llevar a concurso los cargos dentro del Poder Judicial y acabar con los clásicos “dedazos”, situación a la que algunos miembros de la CSJ se oponen.
Ayer, el magistrado liberal Edgard Navas admitió que existen diferencias entre los magistrados judiciales y definió este tema como “una de las principales luchas” dentro de la Corte en este momento.
Informó que después de varias reuniones sólo han conseguido avanzar hasta la aprobación del artículo 25.
“Son diferencias en materia de considerar si un determinado sector está sintiendo que pierde poderes que la ley ya concedió (...) (La Ley) ya dijo qué le corresponde hacer a un Consejo Nacional (de Administración y Carrera Judicial), y a la máxima autoridad que es la Corte Plena, ya dijo qué tiene que hacer cada Sala en la CSJ”, opina Navas.
MAGISTRADOS PROMETEN Y PROMETEN... Y NADA
Los magistrados han prometido en numerosas ocasiones aprobar la normativa, sin embargo el tiempo transcurre sin ninguna novedad.
“Me imagino que siempre existen intereses determinados que no se dan a conocer, que no son capaces de admitirse ante los medios de comunicación, que no están interesados en que la Corte esté debidamente estructurada y organizada”, declaró Navas.
Los ‘intereses’ a los que hizo alusión Navas los definió como el hecho de pretender “seguir manteniendo cuotas de poder, condiciones de poder”.
El funcionario señaló que quienes se oponen a darle paso al reglamento sienten que están perdiendo espacios, aunque evitó señalar nombres.
El magistrado Navas espera que en unas dos semanas la normativa que reglamenta la Ley de Carrera Judicial sea aprobada, después que sea agotado el proceso de análisis por el total del plenario y sean recogidas las opiniones de todos.
¿EL CONSEJO SOBRE LA CORTE?
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, detalló que las discusiones se han generado por una confusión creada alrededor de la normativa y su relación con la Corte Plena.
Explicó que no existe tal vínculo y la Corte Plena está regulada por la Ley 260 y su reglamento.
Según Martínez, la confusión estaba en si el Consejo está por encima de la Corte Plena, pero este aspecto ya está superado porque ésta última es la única que tiene facultades direccionales y lo demás es de apoyo.
“No sé si con oscurantismo o mala fe, han querido confundir las facultades de uno con el otro, pero ya se aclaró”, dijo.
“Hubo magistrados que tenían la confusión o intención de poner el Consejo sobre la Corte Plena o a la par al menos y eso no se puede porque (la Corte) es el órgano supremo”, sostuvo.
LA NORMATIVA Y ALEMÁN
La preocupación de los magistrados sandinistas podría estar relacionada con la próxima salida de dos magistrados en la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que se espera sean destituidos próximamente por su actuación en un juicio de narcotráfico.
En la Sala Penal Uno es donde está radicado el expediente del ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a veinte años de prisión por lavado de dinero y otros delitos.
La destitución que se avizora para la próxima semana dejará vacantes un puesto sandinista y un liberal, respectivamente, pero al ser aprobada la normativa, los cargos tendrán que someterse a concurso, de tal modo que las posibilidades de seguir manteniendo el control son menores para cada partido.
La Ley de Carrera Judicial establece que los cargos de magistrados de Tribunales de Apelaciones que vayan quedando vacantes serán sometidos a concurso conforme el procedimiento de ingreso establecido en la misma ley, excepto aquellos que por la evaluación al desempeño que se les practique antes de su vencimiento, califiquen para su reelección.
Los sandinistas han tenido mayoría en la Sala Penal Uno y, por ende, el control sobre el expediente Alemán, que ya lleva más de tres años esperando una sentencia.
Este control ha permitido a los sandinistas chantajear a los liberales a cambio de ganar espacios de poder.
