La primera dama, Rosario Murillo, anunció que el 14 de septiembre, día en que se celebra la Batalla de San Jacinto, se instalará en Nicaragua el llamado “Gabinete Nacional”, que lo integrarán el presidente Daniel Ortega, los ministros de Estado y los delegados de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), para acordar desde esa fecha las políticas públicas del país.
De esa manera los Consejos del Poder Ciudadano pasarán a ser formalmente parte toral en la toma de decisiones del Estado, a pesar de que la Ley 290 les prohíbe tener “funciones y facultades de los ministerios de Estado”.
De acuerdo a una entrevista que Murillo concedió al oficialista Canal 4 de televisión y que está íntegra en el portal de internet del Gobierno, los delegados de los CPC llevarán todas sus propuestas al llamado “Gabinete Nacional”, del que hasta ahora no se había dicho nada.
“Ese día, 14 de septiembre, se va a instalar el ‘Gabinete Nacional’ presidido por el comandante Daniel (Ortega), participan todos los ministros y participan los delegados (de los CPC) que han venido siendo escogidos en cada uno de los departamentos, para llegar al nivel nacional, llevando todas las propuestas de los pobladores de los diferentes niveles de organización que hay en nuestro país”, dijo Murillo.
Los CPC ya están en la parte final de su organización en todo el país. Murillo explicó que cada CPC atenderá a un máximo de cien personas.
LOS INTERESES
Los polémicos CPC encabezados por los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quieren que su partido gobierne al menos diez años. Además, se conoce de protestas contra la distribuidora de energía, Unión Fenosa, por los apagones .
Asimismo, los CPC buscarán empleo a toda aquella persona que demuestre ser militante sandinista “o hijo de cuadros sandinistas”, según un documento filtrado a este Diario.
El presidente Ortega ha dicho que las decisiones de los CPC deben ser acatadas en el parlamento y por los ministros.
La figura de los Consejos quedó vigente el pasado 24 de enero, cuando se reformó la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
En esa ocasión, los legisladores dejaron establecido que los CPC son “instancias intersectoriales de coordinación, participación y consulta”, a los cuales “no se les podrá transferir ninguna de las funciones y facultades de los ministerios ”.
CREARÁN PROGRAMAS DE GOBIERNO
“El 14 de septiembre, unidos. Gobierno en términos institucionales con el Pueblo Presidente, vamos a crear un gran programa de trabajo para ir dando respuesta a todas esas demandas que se van a ir recogiendo y articulando en forma de planes, desde el nivel más humilde en nuestro país”, añadió Murillo, quien coordina el Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Según Murillo, los CPC permitirán crear políticas públicas basadas en las necesidades de la población y no elaboradas por “técnicos o especialistas fríos”.
“Los Consejos del Poder Ciudadano son, en realidad, la ampliación y la puesta en práctica de una política, de una propuesta y de un compromiso... la reconciliación nacional, la unidad de todos los nicaragüenses, que encuentran en estas formas organizativas la manera de participar ejerciendo sus derechos y decidir sobre los programas del Gobierno que es suyo, para asegurar que esos programas lleguen, con sentido propósito, a las comunidades”, sostuvo Murillo.
“Por eso decimos que los Consejos son la expresión de la democracia directa, de la voluntad y del poder del pueblo, y en un momento como éste, en que tenemos que enfrentarnos a la realidad de un país destruido y a la realidad de un pueblo que durante 16 años le fue negado su derecho a participar y que tiene que volver a caminar el aprendizaje de la democracia”, indicó Murillo.
CONTROL SOCIAL
Sin embargo, diputados por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se oponen a la existencia de los CPC y han anunciado proyectos de ley para derogarlos.
Los representantes de esas tres bancadas, que reúnen a cincuenta diputados, alegan que los CPC son expresiones partidarias de control a la sociedad y están disfrazados con ropaje institucional.
Los CPC cuentan con un tendido territorial nacional y sus dirigentes tienen a su disposición el padrón electoral para determinar con cuál partido político simpatiza cada persona de su área, tal y como lo hicieron en la pasada campaña presidencial de noviembre.
El presidente del MRS, Enrique Sáenz, dijo que el proyecto para derogar a los CPC es como “una cirugía de extirpación de lo que se estableció en la Ley 290 con los Consejos”.
Pero la primera dama defiende a ultranza a los CPC.
“Hemos creado Consejos para que las personas puedan participar ejerciendo sus derechos, articulando a los ciudadanos desde las comarcas, los barrios, desde el más humilde nivel, con los programas de las instituciones de este Gobierno, que es del pueblo, a fin de ir avanzando en las soluciones que el pueblo demanda y merece”, argumentó Murillo.
Hasta ahora ninguno de los partidos políticos se opone a la existencia de los CPC, pero sí rechazan que sean parte del Estado.
Los diputados Víctor Hugo Tinoco del MRS y Eduardo Montealegre de ALN explicaron que el FSLN debería transparentar la existencia de los CPC como órganos partidarios y sustraerlos del aparato estatal.
De aprobarse la reforma a la Ley 290 que promueven la ALN, el MRS y el PLC, los Consejos quedarían derogados y el Poder Ejecutivo únicamente tendría facultades para crear, mediante decreto, las secretarías que estime conveniente.
