Los dueños del laboratorio Solka de Nicaragua no han recibido ninguna notificación sobre el nombramiento de algún interventor en el conflicto entre trabajadores y directivos de la patronal, informó Roberto Solórzano, gerente general de la empresa.
La semana pasada, representantes del sindicato de trabajadores de Solka aseguraron que un judicial había nombrado a Denis Meléndez como interventor de Solka, para verificar si la empresa realmente está en quiebra y hasta dónde se ha reducido su patrimonio.
No obstante, “la administración de la empresa, las autoridades legalmente constituidas como la gerencia, la presidencia y las otras gerencias no han sido notificadas oficialmente (del nombramiento del interventor)”, destacó Solórzano, quien asegura que el presidente Daniel Ortega le aseguró que éste “era un acto ilícito” por lo cual había girado “las instrucciones correspondientes”.
Sin embargo, sostiene Solórzano, que más bien las señales han sido todo lo contrario, ya que el procurador (Hernán Estrada) llegó a las instalaciones del laboratorio, se reunió con los trabajadores que tienen tomada la empresa y mandó a llamar a un interventor; y después de todo esto “el procurador quedó fresco ante un acto ilícito, donde estuvo presente, donde fue testigo y estuvo dentro de las instalaciones”, comentó Solórzano.
El gerente de Solka sostiene que no se explica cómo es que puede funcionar un interventor cuando la junta directiva de Solka “no puede actuar”.
Al mismo tiempo denunció la actitud de la Policía Nacional que se ha quedado de brazos cruzados ante las denuncias interpuestas para lograr que se restablezca el orden.
Aseguró que cada vez está más claro que en medio de todo esto “hay un solo mensaje: quitemos Solka a los Solórzano. Sea a como sea, quitémosle la empresa”.
Solórzano afirmó que trabajan en documentar el caso para iniciar la denuncia en diferentes foros “y decir la verdad de lo que está pasando”. Por otro lado agrega que el Ministerio del Trabajo, después de dos meses de lo que comenzó como un conflicto laboral y que ahora “es un asunto de Estado”, no se ha pronunciado en función de resolver el problema que ha causado pérdidas millonarias a la empresa.
