El futuro dentro del Poder Judicial de los magistrados que ordenaron la libertad de tres supuestos narcotraficantes no parece muy largo.
El criterio a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la actuación de los magistrados de la Sala Penal Uno, Enrique Chavarría y René Robelo Sotomayor va en el mismo sentido: la destitución.
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, informó ayer que el viernes próximo habrá una decisión en este caso.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ investiga la actuación de todos los miembros de la Sala Penal Uno, después que los magistrados ordenaron la salida de tres condenados por el tráfico de 3,100 kilos de cocaína, argumentando falta de evidencias.
Martínez indicó que los magistrados han estado reuniéndose de forma extraordinaria para estudiar el caso y han habido avances sustanciosos, porque el caso debe ser “resuelto con prontitud”.
Los funcionarios implicados enviaron la semana pasada un informe al Consejo, explicando detalladamente cómo se gestó la polémica sentencia y justificaron su decisión de liberar a los condenados en las debilidades detectadas en la investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional.
TRES MIL PRUEBAS
El magistrado Guillermo Selva aseguró ayer: “Habían tres mil pruebas ahí, porque tres mil kilos son tres mil pruebas que fueron obviadas, y si son encontrados culpables (los magistrados), definitivamente que sí (serán destituidos)”, afirmó Selva.
Añadió que la CSJ evitará que el sistema judicial nicaragüense se contamine tal como sucede en países como Colombia, por lo que “preferimos cortar por los tajos, ser drásticos y no permitir ninguna libertad en ese sentido”.
“Hemos destituido a un juez en Rivas, en Chinandega, en Managua y en Carazo. Hay que recordar que el juez es un profesional del Derecho que ha sido nombrado por tiempo indefinido y que usa mucho su criterio, hay mucha discrecionalidad en sus fallos y decisiones”, advirtió Selva.