La denuncia del empresario Armel González por supuesta extorsión contra el ex diputado sandinista Gerardo Miranda y Vicente Chávez, ex miembro de la extinta Seguridad del Estado sandinista, mantiene la atención pública no sólo por su gravedad sino por las muchas interrogantes que plantea.

Un hecho que se ve claro es que este caso está enmarcado en el caos de la propiedad inmueble que fue creado por el gobierno sandinista de los años ochenta. La raíz está en los decretos 3 y 38, confiscatorios de las propiedades de la familia Somoza, sus allegados y miembros de la Guardia Nacional. Dichas propiedades pasaron a ser parte del patrimonio del Estado sandinista, el cual las repartió a quien quiso y como quiso.

Otra ley relacionada con este mismo tema es la denominada Ley de los Ausentes, la cual abusiva y arbitrariamente confiscaba las propiedades de ciudadanos que permanecían fuera del país más de seis meses. Asimismo, la Ley de Reforma Agraria que distribuía tierras a cooperativas agrícolas y regulaba su tenencia.

Sin embargo, lo que le puso la tapa al pomo fueron las leyes 85 y 86, conocidas como “la piñata”, promulgadas a toda carrera por los sandinistas poco antes de entregar el poder a doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Como se sabe, “la piñata” no fue más que la repartición de propiedades entre miles de sandinistas de todos los rangos y niveles y constituyó prácticamente un saqueo al Estado.

Cuando los legítimos dueños regresaron al país y reclamaron lo que era suyo, el Estado nicaragüense tuvo que indemnizarlos, lo cual generó una deuda de 750 millones de dólares. Esto significa que miles de sandinistas hoy día viven en propiedades que paga el resto de la sociedad con sus impuestos. Queda, pues, claro que el causante del caos de la propiedad en Nicaragua fue el Estado sandinista de los ochenta.

La siguiente pregunta es: ¿qué han hecho los tribunales de justicia en los últimos 17 años para resolver los conflictos de propiedad y poner en orden el Registro de la Propiedad Inmueble? Muchas cooperativas agrícolas que se beneficiaron con la Reforma Agraria decidieron vender sus propiedades. Tal es el caso de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro. Sin embargo, cuando Ortega ganó la Presidencia el año pasado, a algunos individuos se les ocurrió que querían recuperar las tierras que habían vendido, argumentando que recibieron muy poco dinero por ellas.

Este es el origen del litigio entre los inversionistas representados por Armel González y la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro. El caso era conocido por las autoridades judiciales, pero no se pronunciaron sobre el mismo en un tiempo razonable. En este contexto es que Armel González presenta su denuncia por extorsión.

Así que, cualquiera se pregunta: ¿Por qué las autoridades judiciales no dan prioridad a la resolución de los litigios de propiedad? ¿Qué esperan? ¿Por qué Armel González buscaría a Gerardo Miranda y Vicente Chávez —suponiendo que así fuera— para que le resolvieran el problema? O si es al contrario, ¿por qué estos últimos buscarían al primero para ofrecerle una solución? ¿Qué les daría la confianza de resolver litigios de propiedad en tiempo récord? Y ¿por qué a un simple mortal como Armel González se le ocurriría un día cualquiera acusar de extorsión a personas que él sabe están estrechamente ligadas al gobierno de Daniel Ortega? ¿Se arriesgaría sin causa ni razón ni base a ser pulverizado por una maquinaria judicial al servicio de los intereses políticos de los caudillos? ¿Qué opciones tenía Armel González para resolver su problema de propiedad? ¿Hay alguna relación entre este y otros problemas similares y las anomalías recientemente reportadas en el Registro de la Propiedad, incluyendo la pérdida de una llave electrónica que permite el acceso a todo el sistema y en consecuencia a manipularlo?

Finalmente, ¿qué tenía que ver la denuncia de Armel González con la sistemática y feroz campaña de difamación de los medios de comunicación oficialistas y pro Gobierno en contra del periodista que la dio a conocer en su programa de televisión?

Más allá del resultado de la sentencia judicial, la ciudadanía espera que las comisiones designadas en la Asamblea para investigar este caso al menos encuentren respuestas a estas interrogantes.