"Lo que parece ser generosidad, muchas veces

no es más que la ambición disfrazada del Estado".

Francois de la Rochefoucauld

Siempre nos gusta pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Hasta 1979 el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tenía una posición financiera saludable a pesar de los desmanes del gobierno único que existió hasta ese año. Sus reservas técnicas y matemáticas se contabilizaban correctamente, había un actuario de planta y un sistema de información gerencial, manual, pero eficiente.

Los afiliados eran atendidos en las policlínicas y hospitales, cubriendo todas las patologías y medicinas y casos especiales eran enviados a México o Costa Rica para su curación. Aún más, en casos de Oftalmología complicados se enviaban los pacientes a la Clínica Barraquer en Colombia.

Sus activos incluían hospitales y policlínicas en Managua y León, total y perfectamente equipadas, desarrollos habitacionales, buenas y sanas inversiones y una organización administrativa que respondía a las necesidades de sus dueños: Los afiliados y con una tasa de cotización obrero-patronal mucho más baja que la actual.

Sin embargo no siempre los tiempos pasados fueron mejores. El Decreto 35 (Creación del Sistema Único de Salud) de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional da el primer golpe a su posición financiera: Le arrebata los hospitales, clínicas y policlínicas trasladándolas al Minsa y a pesar de especificar que establecerá la forma de pago, nunca lo hizo, ni lo registró como deuda pública del Estado.

La misma Junta en Decreto 976 le anexa, en violación flagrante de su ley, las funciones de Bienestar Social, transformándolo en INNSBI donde el INSS invirtió en activos y financió gastos por nueve años, montos que el Gobierno no registra como deuda pública a favor de los afiliados.

La administración de los años ochenta hizo una gran inversión en centros vacacionales que las administraciones, a partir de 1990, las abandonaron y su infraestructura se ha deteriorado de tal manera que pueden considerarse como pérdidas totales además de los problemas legales en que se encuentran algunos de ellos.

Inmuebles que fueron adjudicados en pago, bienes asignados por confiscaciones, donaciones, etc. no están registrados en la contabilidad y escapan al control administrativo y muchos de ellos han sido invadidos por precaristas y vendidos a ellos a precios irrisorios. Adicionalmente se han tenido que devolver propiedades por reclamos de confiscados y se recibe a cambio bonos de indemnización.

En los noventa se crea el FONIF y todos los activos que prestaban los servicios de bienestar social son escriturados a su favor y estos traslados de activos se llevan a cuentas por cobrar al Gobierno central quien no los registra en sus libros como deuda.

Desde 1990 la Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electoral, alcaldías y otros entes presupuestados no pagan las cuotas obrero-patronales y el INSS no hace ningún esfuerzo por recuperarlas. A este grupo de afiliados está dirigida la decisión de la nueva administración de no pedir comprobante de pago para ser atendidos en las clínicas previsionales para gozar de un beneficio que no han cotizado.

Cuantificar lo anterior, que es enunciativo y no limitativo, es una tarea de titanes y sería necesario tener toda la información financiera y contable para establecerla.

Firmas internacionales de auditoría afirman que el INSS es inauditable, debido a que todas las administraciones se ocuparon de dejar en un desorden bien ordenado, la documentación que prueba malos manejos y operaciones que no deben de ser conocidas debidas a políticas de Gobierno y voracidad de funcionarios encargados de custodiar, invertir y administrar correctamente los bienes y asegurar el futuro de los afiliados.

¿Quiénes se comieron el queso? Se imponen las siguientes reflexiones:

¿Existe voluntad política del Gobierno para asignar recursos que cubran el déficit actuarial, que la Constitución garantiza, o pretenden seguir endeudando a las generaciones futuras?

¿Existe una visión de largo plazo para responder a las futuras generaciones de trabajadores y garantizar su retiro de los trabajadores y su protección en salud.

¿Existe una alternativa para no aumentar la cuota obrero-patronal para cubrir este déficit y cuál es?