Una vez más la voluntad popular quedó plasmada en la marcha del 28 de junio recién pasado, cuando un gran número de ciudadanos se concentraron sobre algunas calles de Managua, para exigir cumplimiento de promesas retóricas. No soy política, no pertenezco a ningún partido, ni tengo líder de mi preferencia. Ahora bien, si por política entendemos estar interesada en los asuntos de la “polis” (gente), entonces sí me considero beligerante, pues me apasiona defender mis derechos de ciudadana y también defender los derechos ciudadanos de mis semejantes.

Basándome en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política, considero que las palabras y los actos vandálicos realizados para impedir una mayor asistencia a la marcha, son un ataque frontal al derecho ciudadano de manifestar públicamente sus convicciones. ¿Cómo es posible que alguien pueda arrogarse la propiedad de una avenida de la ciudad que pertenece a todos? ¿En qué cabeza sana cabe “fabricar” una cantidad de impedimentos burocráticos para obstaculizar la libre circulación de buses que venían de los departamentos?.

No existe coherencia en palabras que brotan sin ningún fundamento en la realidad de las cosas, ni en lo expresado en momentos de aparente sensatez. Si se tiene un mínimo conocimiento de la definición de democracia, con toda seguridad se percibe que, al impedir su cumplimiento, se está rompiendo precisamente la esencia misma de lo que significa. Tratar de imponer a la fuerza las ideas nunca sido una práctica democrática, todo lo contrario, demuestra la intolerancia ante ideas contrarias y al no aceptar las diferencias, la reacción es violenta tanto verbal como física.

Es necesario un refrescamiento de memoria para manejar con propiedad el contenido de nuestra Constitución. El artículo 52 dice: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”. También el artículo 54 “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.

Entonces, ¿cuál es el problema? Cada hombre y/o mujer de Nicaragua está en su pleno derecho de ejercer lo que la ley madre le faculta. Es más, el Estado está en la obligación de “eliminar” los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país” (arto. 48 de la C.P.).

Quede claro, pues, que el pueblo nicaragüense tiene y tendrá siempre la libertad de expresar sus principios y convicciones ciudadanas, siempre de manera pacífica y educada, sin ningún tipo de miedo a que le vayan a coartar sus libertades. Precisamente cuando una persona o nación tiene el sentido común de reconocer que sus derechos fundamentales están siendo violentados, no debe tener temor a denunciar, por cualquier vía, las presiones que amenazan esos derechos ganados por el mismo hecho de ser persona.

¿Y qué nos dice la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan manoseada por algunos? En su arto. 21 confirma que: 1. “toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”; 2. “toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” y 3. “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público...”

Me detengo en este último postulado. La autoridad que emana del pueblo es la más importante y la que realmente cuenta. Hay que respetar la voluntad del pueblo que en este momento, en Nicaragua, está demandando democracia e independencia de cada uno de los poderes del Estado. Un poder no puede aherrojar a todo un pueblo; de ser así, flagrantemente está mancillando sus derechos humanos y ciudadanos.

Seamos pro-activos; no reactivos. Definitivamente los movimientos cívicos en Nicaragua deben continuar firmes, valientes, unidos y seguros como muro de contención contra los deslaves de la dictadura. Recordemos: ¡la unión hace la fuerza!.

“Mientras discutimos cuándo hay que empezar, ya es demasiado tarde para empezar" (Quintiliano, 12, 6, 3).