El Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Martínez Espinosa, prohibió que la empresa Financiera Arrendadora Centroamericana, Sociedad Anónima (Finarca), sea admitida como garante de los proyectos que contrata dicho ministerio, por no haber pagado una garantía de 14.4 millones de córdobas del proyecto de Santa Clara-Susucayán- El Jícaro.
Ese proyecto (tramo dos) empezó en el 2004 a cargo de la empresa Urbanizaciones Industriales Sociedad Anónima (Urbanisa) y según el MTI, ésta incumplió el contrato y no concluyó la obra, razón por la cual cobró a Finarca la garantía, pero éstos se negaron a pagarla.
El Gerente General de Finarca, Hugo Paguagua Baca, dijo a LA PRENSA que el problema con el MTI y la fianza de Urbanisa radica en que el ministerio requirió del pago de las garantías a través de una persona que no tenía representación legal para hacerlo.
“Nosotros les dijimos en mayo de 2006 y ellos mantuvieron silencio durante un año. La razón fundamental es que el funcionario que cobró no estaba autorizado, no tenía representación legal de la institución para hacerlo”, aseguró.
“Este es uno más de los errores del Gobierno de Don Enrique”, agregó Paguagua al reconocer que el problema tuvo lugar en la anterior administración.
En una carta que envió Finarca al actual Ministro de Transporte, Pablo Martínez, le expresa que “las autoridades anteriores no cumplieron en su oportunidad los requisitos para la exigibilidad de las garantías, razón por la que nos resulta imposible, legalmente, pagarlas sin incurrir en una situación de pago indebido que nos impediría recuperar del deudor garantizado suma alguna. En efecto los requerimientos han sido extemporáneos y no han cumplido con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y con las cláusulas pactadas en cada una de las fianzas”.
LA PROSCRIBEN
La prohibición de admitir a Finarca como garante de cualquier proyecto está contenida en el acuerdo ministerial número 41-2007, publicado en la Gaceta número 123, del 29 de junio de 2007.
El acuerdo establece que el Ministro de Transporte instruyó a la Unidad de Adquisiciones y a la División legal del MTI que todo oferente, contratista, consultor y proveedor de bienes y servicios, cuyas garantías hayan sido extendidas por Finarca “y que pretenda ser incluido en los procesos de adquisiciones del MTI no será candidato elegible para participar en dichos procesos y en consecuencia será excluido de los mismos”.
Además el Ministro instruyó a la Unidad de Adquisiciones y a la Dirección Administrativa Financiera, realizar una revisión de las garantías, pólizas o cualquier otro documento suscrito entre el MTI y Finarca, a fin de que una vez que haya expirado el plazo de la póliza o garantía, las mismas no sean renovadas.
INCUMPLIMIENTO
El MTI firmó en mayo de 2004, con la empresa Urbanizaciones Industriales Sociedad Anónima (Urbanisa) el contrato para la ejecución del proyecto Estabilización del camino Santa Clara-Susucayán-El Jícaro, Tramo II, con 11 kilómetros por un monto de 34.5 millones de córdobas.
Urbanisa presentó una garantía de adelanto de 8 millones, con el fin de garantizar el buen uso de adelanto; garantía de cumplimiento de 3.4 millones, para garantizar el cumplimiento de la ejecución de la obra y garantía de pago de suplidores por un monto de 2.9 millones de córdobas, todas libradas por Finarca.
De acuerdo a la resolución del Ministerio de Transporte, Urbanisa incurrió en graves incumplimientos en la ejecución de la obra violando varias cláusulas del contrato. Agrega el documento que el MTI y Urbanisa establecieron como fecha de inicio de las obras el 25 de noviembre de 2004, pagando (el MTI) el respectivo anticipo y que el contratista inició en forma tardía sus obligaciones contractuales, debido a la falta de condiciones necesarias para el avance de obra, tales como falta de equipos y maquinaria, lo que daba indicios de descapitalización del proyecto, falta de insumos, entre otros.
“A pesar de mantener presencia física en el sitio del proyecto, el contratista no demostró avance sustancial en las obras y los períodos de poca actividad de construcción fueron permanentes, de tal manera que en noviembre del año 2005, se observó una total inactividad en la ejecución de las obras, similar a la suspensión de obras, pero sin que el contratante (el MTI) hiciera recepción de la solicitud de suspensión”, dice el acuerdo ministerial.
“ACCIONES, OMISIONES Y HECHOS ENGAÑOSOS”
“El contratista incurrió en acciones, omisiones, hechos y circunstancias engañosas y maliciosas que constan en el expediente administrativo, conforme informes de campo de este ministerio y de la firma supervisora “Consorcio Ayestas-Consultrans”, paralizando totalmente la obra en el mes de noviembre del año 2005, habiéndose ejecutado solamente el 50 por ciento del total de las obras”, agrega el documento.
Explica el ministerio que dada la situación antes descrita, el Director de la Unidad Coordinadora de Proyectos de Recursos Varios, dio aviso a Finarca sobre el incumplimiento del contratista, informándole sobre el estado del proyecto, los días dos, siete, trece y quince de diciembre del 2005, en estas últimas dos misivas se le solicita a Finarca que haga efectiva las tres garantías que sumaban 14.4 millones de córdobas, ante lo cual mantuvo silencio.
Fue hasta el 21 de diciembre de ese mismo año que Finarca responde, informando que las garantías estaban embargadas y que el MTI hiciera las gestiones legales para levantar el embargo.
El cuatro de enero de 2006, el MTI envía correspondencia a Finarca, donde le manifiesta que las garantías no son sujetas de embargo de acuerdo al decreto de 1913. Estos contestan, el 15 de febrero, que ellos están dispuestos a cumplir sus obligaciones, en tanto no los limite una resolución judicial y una vez más solicitan al MTI que haga las gestiones ante la autoridad judicial para resolver la situación.
NULIDAD DE TODO LO ACTUADO
El 23 de marzo de 2007, la Juez Sexto Civil de Distrito de Managua, Soraya Sánchez, informa a Álvaro Antonio Rocha Cerna, que ha decretado la nulidad de todo lo actuado y que ha cesado en sus funciones de depositario judicial y que se liberan los bienes embargados por haber dejado sin efecto legal el embargo contra Finarca.
El 28 de marzo del 2007 el ministro Martínez envía una misiva a Finarca exigiendo el pago de las garantías y el 27 de abril éstos responden aduciendo que no pueden hacer efectivo el pago de las garantías en vista que el MTI no cumplió con los procedimientos establecidos para hacer el cobro.
