Esta es una historia de amores, desamores, homicidio, intimidación judicial y policial, y secuestros. Los protagonistas: un británico, Barnaby Rooke, su ex pareja (de origen español), María del Mar Mora Quimera; el hijo de ambos, de dos años, los padres de Mora, el cónsul de España en Nicaragua, varios jueces nicaragüenses y la Policía Nacional.
Rooke se enamoró de Mora en España. Luego viajaron, por razones laborales de ella, a Mauritania, un país en el noroeste de África. Luego vino el embarazo y el regreso a España donde nació el niño.
Ella labora para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y había residido en Nicaragua. Tras el parto fue designada para trabajar en Perú y allí empezaron los problemas conyugales. Rooke dice que era víctima de maltrato familiar de parte de su ex compañera y hasta interpuso una denuncia en un juzgado de familia de Lima, Perú. El padre de Mora asegura que quien agredía físicamente a su hija y le daba mala vida era Rooke.
Hubo una separación, ambos firmaron un acuerdo en el que él tenía derecho de ver al niño 10 días y se obligó a dar una pensión alimenticia de 700 dólares mensuales.
En Nicaragua, Mora había tenido problemas con la ley debido a un lamentable accidente de tránsito ocurrido en Granada el 29 de noviembre de 2001, en el que fallecieron dos personas y una tercera quedó inválida.
Mora se fue del país para tratarse sicológicamente por el accidente y no enfrentó el proceso judicial que se abrió contra ella en el Juzgado Local Penal de Granada, por el homicidio de las dos personas que fallecieron en el accidente.
Fue condenada a tres años de prisión por la muerte de las ciudadanas nicaragüenses Marina de Jesús Martínez Vásquez y Elyin Daniela Hondoy Mercado. Además perdió la patria potestad.
Conociendo esta situación, Rooke aprovechó para sacar al niño del Perú y traerlo a Nicaragua. Salió de Lima el 4 de mayo e ingresó a Managua el 6 de ese mismo mes.
¿INTROMISIÓN EXTRANJERA?
Sin embargo, el cónsul de España en Managua, envió el 22 de mayo del presente año, una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quejándose de la sentencia que había emitido el juez Pérez y señalando que el ingreso del menor español a Nicaragua constituía “un supuesto delito de sustracción internacional de menores, en vista de que Rooke y la madre habían firmado un convenio judicial que regulaba la patria potestad compartida y el régimen de visitas”.
“Aprovechando la última de estas visitas, el señor Barnaby Rooke sacó al menor ilegalmente del país, sin autorización de la madre y recaló en Nicaragua”, dice la carta del cónsul a la CSJ.
“Esta actuación del señor Rooke se explica porque previamente, en el mes de marzo de 2007, había logrado, de manera evidentemente fraudulenta, según el parecer de esta Embajada, que un juez de Granada dictara sentencia atribuyéndole la patria potestad en forma exclusiva”, agrega.
“ERRARE HUMANUS EST”
Cuarenta y cinco horas después de que la carta llegó a la CSJ, el juez Pérez dictó una sentencia declarando nulo el fallo en el que él había otorgado la patria potestad a Rooke. “Errare humanus est” (errar es de humanos), dice parte de la sentencia que declara nulo todo el proceso y que además reconoce que no se le dieron todas las garantías procesales a la demandada, dejándola en indefensión.
Luego, el padre de Mora y el cónsul interpusieron un recurso de exhibición personal para que Rooke presentara al menor ante las autoridades nicaragüenses y es aquí donde según el británico se le empezaron a violar sus derechos humanos.
“El mandamiento judicial se ejecutó una primera vez, después la detención ilegal de mi madre, mi hijo y yo en el balneario La Boquita, por supuestos policías vestidos de civil que llegaron en vehículos sin distintivos policiales. Además, no me presentaron órdenes de captura ni ningún otro documento”, asegura.
Agrega Rooke que el lunes 18 de junio, el juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia, Julio César Áreas, se presentó a su domicilio a ejecutar por segunda vez el mismo mandamiento, acompañado de dos camionetas de policías armados, una sicóloga del Ministerio de la Familia, el cónsul de España en Nicaragua, los abuelos maternos del niño y los abogados de éstos. Según Rooke, la orden de detención y allanamiento era ilegal.
El juez Áreas dijo a LA PRENSA que cualquier desavenencia que exista entre las partes debe presentarse en su juzgado y que no haría comentarios al respecto.
Rooke también está enfrentando un juicio en Perú por sustracción ilegal de menores, que interpuso su ex compañera de vida.
