El Ministro colombiano de Asuntos Exteriores, Fernando Araujo, cree que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no devolverán los cadáveres de once diputados muertos mientras estaban secuestrados porque así “entregarían las pruebas materiales de su asesinato”.
En una entrevista que publicó el domingo el diario español “La Razón”, Araujo recuerda ocasiones en que la guerrilla no ha devuelto los cuerpos de otras víctimas y añade que, en este caso, al “entregar los cuerpos, (las FARC) entregarían las pruebas materiales de su asesinato” y que no tendrán “cómo mantener la tesis de que fueron víctimas de un fuego cruzado”.
El Ministro Araujo asegura que el Gobierno no tiene informes de inteligencia sobre estas muertes, aunque matiza: “la lectura que hacemos es que fue un asesinato a sangre fría por razones que desconocemos”.
El 28 de junio pasado, las FARC anunciaron que once diputados que mantenía secuestrados desde hace un lustro murieron “en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar” atacó el campamento donde se encontraban.
El Ministro explica también que el Gobierno de Colombia trabaja junto a la Cruz Roja Internacional “con total y absoluta discreción” intentando conseguir la entrega de los cadáveres.
El grupo guerrillero insiste en que el Gobierno acepte la desmilitarización de dos municipios del suroeste de Colombia como condición para acceder a un intercambio humanitario de guerrilleros encarcelados por ciudadanos secuestrados.
A una pregunta del diario al respecto, Araujo asegura que el Gobierno facilitaría la salida de algunos guerrilleros de la cárcel a cambio de la liberación de secuestrados, “pero la posibilidad de despejar parte del territorio a las FARC es inaceptable.
El Gobierno de Colombia no puede aceptar la pretensión de las FARC, dice el Ministro, “porque las experiencias anteriores sobre eso han sido utilizadas por la guerrilla para reagruparse, rearmarse o secuestrar”.
Consultado sobre el estado en que ha quedado el llamado Acuerdo Humanitario, el Ministro asegura que el presidente (Álvaro) Uribe permitiría la excarcelación de algunos guerrilleros de la cárcel a cambio de la liberación de secuestrados, “siempre que aquéllos no vuelvan a las filas de la guerrilla”.
La muerte de once de los doce diputados secuestrados por las FARC el 11 de abril de 2002 en Cali, capital del Valle del Cauca, se produjo el pasado 18 de junio en un “fuego cruzado” con “un grupo militar no identificado”, según las Farc, versión rechazada por el Gobierno que les acusa de asesinarlos.
Los alzados en armas insisten en que el grupo de canjeables, ahora reducido a 45 y entre los que están políticos, tres norteamericanos, policías y militares, serán liberados a cambio de medio millar de guerrilleros presos en Colombia y en el exterior.
