Las medidas que anunció el presidente Daniel Ortega, la semana pasada, para enfrentar la grave crisis energética que sufre el país, son más bien propagandísticas y en todo caso sólo servirán para “organizar el caos”, tal como titulamos esta noticia que fue publicada el viernes 7 de julio corriente.
La reducción de la jornada laboral en el Estado y la programación de los apagones es prácticamente lo mismo que hizo el gobierno anterior, cuando esta crisis no era tan grave y caótica como lo es ahora que “el pueblo” —como a don Daniel Ortega le gusta hacerse llamar—, es presidente de Nicaragua. Es más, si el esfuerzo que hizo el gobierno anterior para tratar de que se contratara una barcaza generadora de gran potencia no hubiera sido bloqueado por motivos politiqueros, en este momento la crisis energética no fuera tan grave y dañina.
Durante la campaña electoral del año pasado, el entonces candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega, prometió y aseguró que si ganaba la elección del 5 de noviembre resolvería la crisis energética del país en cuanto asumiera la Presidencia de la República. Según el antes candidato y ahora presidente Ortega, los causantes y culpables de la crisis energética eran y son los “gobiernos neoliberales” que lo sucedieron a él a partir del año 1990, porque privatizaron el sector eléctrico y porque sólo se preocuparon por aumentar las ganancias de los capitalistas. Ortega también culpaba a la compañía distribuidora de electricidad, la española Unión Fenosa, y a las empresas privadas generadoras de la fuerza eléctrica, como de hecho las sigue culpando.
Jamás dijo el señor Ortega, ni lo dice ahora, que la crisis energética comenzó precisamente con el desastroso gobierno que él encabezó y ejerció de 1979 a 1990. Y por cierto que al respecto cabe preguntarse: ¿cómo podrán resolver la crisis energética del país, las mismas personas que en los oscuros años ochenta arruinaron la industria eléctrica?
Pero en la campaña electoral del año pasado, el señor Ortega al parecer se consideraba un ser todopoderoso a quien le bastaba ordenar: ¡hágase la luz! para que la luz se hiciera. Luego, al muy poco tiempo de que Ortega tomara posesión del poder presidencial, su nuevo mentor, el presidente Hugo Chávez, de Venezuela, aseguró que los nicaragüenses jamás volveríamos a sufrir por falta de energía eléctrica. Puras palabras. Las plantas generadoras de electricidad que envió el gobierno venezolano de Hugo Chávez para, supuestamente, resolver la crisis energética que agobia a Nicaragua, no eran aptas para este país por lo caro de su mantenimiento, y tendrán que ser cambiadas por otras, según reconoció el jueves pasado el mismo presidente Daniel Ortega.
En fin, lo único claro que hay en todo esto es que ahora el país está más oscuro. Y no lo decimos sólo en el sentido literal de la palabra, o sea de que bajo el gobierno de Daniel Ortega la oscurana es mayor que cuando el gobierno Bolaños. Lo decimos también en el sentido de que la situación material de la gran mayoría de los nicaragüenses y las perspectivas económicas, políticas y sociales del país, se han oscurecido con apenas seis meses de nuevo gobierno orteguista. Y lo decimos en el sentido de que la gran noche oscura, como llamó Juan Pablo II al sombrío período de la dictadura sandinista de 1979 a 1990, está amenazando con volver a cubrir a Nicaragua.
Cabe advertir, sin embargo, que en manos de los diputados democráticos está evitar que esa oscuridad vuelva a envolver a Nicaragua. Los diputados democráticos no sólo pueden impedir que Daniel Ortega imponga su proyecto neototalitario, sino también aprobar en la Asamblea Nacional una verdadera y efectiva estrategia nacional energética para poner fin a la crisis y resolver paulatinamente el problema de la energía.
Al respecto el diputado del PLC y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, doctor Francisco Aguirre Sacasa, expresó en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA del viernes pasado, que el Gobierno debe proponer una real estrategia “acompañada de los proyectos de ley que necesita para convertirla en una realidad”. ¿Y si el Gobierno no la propone? ¿Por qué los legisladores democráticos de la Asamblea Nacional no se deciden a asumir tal responsabilidad?
