Caracas. - El Episcopado venezolano reiteró hoy sus "dudas" sobre el cariz democrático de la reforma constitucional que impulsa el presidente del país, Hugo Chávez, e insistió en su llamamiento "urgente" al respeto a la disidencia, la reconciliación nacional y la solidaridad.
La LXXXVIII Asamblea Ordinaria Plenaria de Obispos, que finalizó hoy tras cinco días de reuniones en Caracas, emitió un documento en el que destacó como problemas a resolver en el país "la pobreza, la falta de vivienda y la violencia", entre otros, así como el "aumento de la corrupción y el clientelismo político".
En la "Exhortación Apostólica de la Plenaria de la Conferencia Episcopal", los obispos reiteraron su "preocupación" por el contenido supuestamente "ideologizante" del proyecto Ley de Educación, en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, todos oficialistas.
Se refirió además a la medida gubernamental de no renovar la licencia de transmisión a la cadena privada RCTV, que calificó como un "atentado a la libertad de expresión" porque "reduce los espacios de libre comunicación y favorece una hegemonía indebida del gobierno en materia de comunicación social".
Tras 53 años, Radio Caracas Televisión (RCTV) cesó emisiones en abierto el pasado 27 de mayo, cuando venció su última concesión, de 20 años, que el gobierno no renovó por la actitud "golpista" de esa cadena, entre otros argumentos.
EL DOCUMENTO APOSTÓLICO
El documento apostólico señaló que Venezuela "vive uno de los momentos más cruciales de su historia", dada la pretensión del Ejecutivo de generar "cambios de gran magnitud" en la Constitución Bolivariana de 1999 para "instaurar" el "socialismo del siglo XXI".
Los obispos objetaron "sobre todo la forma misma del proceso de elaboración" de la reforma porque, indicaron, "no acoge de forma suficiente el espíritu de participación exigido por la Constitución (y) arroja serias dudas sobre el talante democrático" de la misma.
Tras su reelección en el cargo para el período 2007-2013, en diciembre pasado, Chávez propuso una reforma "integral" de la Carta Magna Bolivariana de 1999, que incluye la reelección presidencial indefinida y el reordenamiento político-territorial, y designó a una comisión para desarrollarla.
El martes pasado, Chávez llamó "ignorantes", "perversos" y "mentirosos" a los obispos que han expresado "preocupación" por la reforma constitucional, que el mandatario promueve para ser aprobada en 2008, y les recordó que la misma será sometida a referendo popular para que "sea el pueblo quien decida" su aprobación o no.
"Venezuela necesita bendiciones, no improperios. Venezuela necesita que se aplique la Constitución vigente, no una nueva, con ella (la actual) basta para construir entre todos una democracia social, humanista, trascendente, inclusiva y solidaria", aseveraron los obispos en su documento.
El Episcopado señaló que "la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, la carencia de los hospitales, los deficientes servicios públicos, niños de la calles, ancianos sin atención, continúan siendo verdaderos problemas sociales" en Venezuela, quinto exportador mundial e importante abastecedor de Estados Unidos.
También la violencia, que, aseguraron los obispos, "ha crecido exageradamente" en el país debido al "narcotráfico y el lavado de dinero, que, lamentablemente, ahora está presente en casi todo el territorio nacional", agregó el documento episcopal.
Según estadísticas oficiales de 2004, las únicas disponibles, ocurren unas 10,000 muertes violentas al año en Venezuela, la mayoría de ellas registradas en sectores pobres de las principales ciudades del país.
Sobre el tema educativo, los obispo señalaron que si bien el proyecto de Ley de Educación "contiene elementos positivos, ofrece graves omisiones en asuntos importantes como la finalidad de la educación, los derechos de los docentes, los subsidios a instituciones y el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa de sus hijos", entre otros.
"Y lo más importante, existe preocupación sobre la pretensión de impartir una educación con una única y determinada orientación política e ideológica, que afectaría gravemente derechos y deberes de los educandos y de los padres de familia", agregó el Episcopado.
