La legislativa Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos acordó crear la figura del “crimen organizado” que será penada hasta con veinte años de prisión en el nuevo Código Penal.
El presidente de esa comisión, el liberal José Pallais, informó ayer que junto a la Fiscalía General de la República (FGR), acordaron la redacción de esa figura, que será discutida en las sesiones que el parlamento tiene programadas para agosto, cuando retornen de su receso de medio año.
“El crimen organizado no está contemplado como un delito en nuestra legislación penal vigente, pero se incorporó en una moción que ya establece el delito del crimen organizado con penas de hasta veinte años y le da seguimiento a lo que está contenido en la Convención de Palermo, de la que Nicaragua es suscriptora”, dijo Pallais.
La Convención de Palermo pretende combatir al crimen organizado y transnacional, que abarca, entre otros, los delitos relacionados con el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y el tráfico de migrantes.
La Convención de Palermo también destaca que el crimen organizado se aprovecha de “la jurisdicción territorial limitada de los países” y de la “diversidad de culturas jurídicas y la diferencia en la aplicación de las políticas criminales”.
Con la creación de la figura penal del crimen organizado, Pallais mencionó que Nicaragua se uniría al conjunto de naciones que pueden aplicar la Convención de Palermo.
El diputado liberal agregó que la FGR ayudó en la redacción de esa nueva figura penal.
Pallais explicó que la FGR también solicitará mayor presupuesto en el año 2008, para hacer frente a las nuevas responsabilidades que les dará la figura del crimen organizado.
“El Ministerio Público tendrá que abrir una dirección de enfrentamiento a este tipo de delito, que cada día tiene mayores tentáculos (...) esta actividad (tiene) un ‘enraizamiento’, están los cárteles de la droga en Nicaragua, pues se necesita ‘potencializar’ la capacidad de lucha de las instituciones del Estado de Nicaragua ante estos males”, añadió Pallais.
LOS BIENES INCAUTADOS
Pallais señaló que la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos junto a la FGR decidieron que los bienes incautados a los criminales serán administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según unas reformas a la Ley 285, de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas.
“Que el Ministerio de Hacienda pueda liquidarlos con base en un procedimiento legal que garantice la transparencia de los mismos y los recursos líquidos sean traslados a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Consejo Nacional de las Drogas”, explicó Pallais.
Para la reforma presupuestaria que el Gobierno pretende aprobar este año, en el tercer trimestre, la FGR solicitará un aumento en su partida.
“Todo de cara a los nuevos delitos que se están incorporando en el Código Penal”, manifestó Pallais.
