La audiencia de sentencia programada para ayer por el juez de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, Sergio Amador Perezalonso, para dar lectura a los años de cárcel impuestos a los 21 condenados en el conocido caso de Sinaloa, fue suspendida y reprogramada para el lunes a las 2:00 p.m., debido a la falta del fluido eléctrico en ese municipio.
La decisión del judicial fue debido a que, según el procedimiento establecido, la lectura de la sentencia como parte del juicio debe ser grabada. Pero esto causó diversas reacciones entre las partes.
Mientras la procuradora Auxiliar Amy García consideró que la reprogramación de la audiencia obedece a motivos de fuerza mayor y no afecta en nada, pues ya existe un fallo por parte del judicial, el abogado Carlos Garay estima lo contrario.
“El Juzgado debe garantizar que haya luz... se sigue en indefensión con esto”, sostuvo Garay, defensor de Juan Pablo Cruz, uno de los nicaragüenses sentenciados como cooperadores necesarios del delito de financiamiento al narcotráfico.
La procuradora García recordó que el judicial cumplió con el plazo establecido, “las circunstancias son de fuerza mayor. El artículo 134 del Código Procesal Penal (CPP) establece esa circunstancia”.
El abogado Bismarck Quezada, por su parte, coincide con García en que la reprogramación de la audiencia no afecta a sus defendidos. “Es parte de la crisis energética que estamos sufriendo en el país, pero veo que él va a tomar una medida un poquito más radical, en el sentido, pues, de que incluso se van a conseguir unas baterías especiales, porque el Código establece que debe ser grabado eso, si no es nulo”, sostuvo Quezada.
El pasado martes el juez de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, Sergio Amador Perezalonso, dictó un fallo de culpabilidad en contra de 21 de 22 detenidos, entre mexicanos y nicaragüenses, que fueron procesados por los delitos de financiamiento al narcotráfico, posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y la Policía Nacional y asociación para delinquir.
Los detenidos son David Alvarado Zazueta, José Juvenal Mendoza González, Luis Ángel Vale Serrano.
Además, Jesús Javier Flores Vega, Arturo Ramón Gaspar Rubio y Juan Rosales Castañeda, así como los guatemaltecos Emiliano Rodas Pérez y Carlos Guillermo Arvizure Rueda.
También los nicaragüenses Carlos Cisnado Pasos, Pedro Pablo Olivas, Guillermo José Ramírez Martínez, Víctor Bonifacio Herrera Lanzas, Juan Pablo Cruz, Osonier Emir Herrera Herrera, Marvin Uriel Herrera Blandón, Jeremías Úbeda Prado, Samir Antonio Valenzuela Castro, Arturo Edén Herrera Herrera, Pablo Antonio Herrera Herrera, Santos Tomás Reyes Urbina y Freddy Antonio Centeno López.
Los primeros 12 fueron acusados como coautores y los últimos nueve como cooperadores necesarios.
