El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Francisco Aguirre Sacasa, introdujo ayer en la primera secretaría del Legislativo, un anteproyecto de ley que propone ejercer desde la Asamblea Nacional un mayor control sobre los préstamos y donaciones que reciba Nicaragua y sus instituciones.
Señaló que para algunos el anteproyecto podría ser redundante, pero indicó que su aprobación es necesaria porque terminaría con la resistencia del Frente Sandinista a que Petronic y los fondos que provengan de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba) sean controlados.
“Es para asegurarse de que los fondos que reciba Nicaragua o las empresas públicas, llámense Enacal, Enel, Petronic, también estén sujetos a los mismos controles”, indicó Aguirre Sacasa.
El también presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, dijo que la ley será amplia.
El anteproyecto propone que los préstamos o las donaciones deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, aún en el caso de que estos fondos fuesen directamente para alguna de las empresas públicas.
El anteproyecto es denominado Ley de Transparencia en el Uso de Préstamos y Donaciones a la República de Nicaragua.
El diputado Aguirre Sacasa expresó que la misma propone una descripción detallada del uso de los fondos que se lleguen a captar, empleando especificaciones similares a las que usan los organismos internacionales en el financiamientos de los proyectos otorgados a Nicaragua.
CONFIANZA
Dijo que como parte de ese ejercicio de control que la nueva ley propone, la Asamblea Nacional recibirá cada tiempo determinado un informe detallado de la utilización de los fondos públicos.
Según el diputado Aguirre Sacasa, el ejercicio de control, a la luz del nuevo cuerpo de ley, mejorará la transparencia porque le permitirá a los diputados de las distintas bancadas, saber si los fondos fueron utilizados correctamente.
El también ex canciller de Nicaragua en el Gobierno de Arnoldo Alemán, consideró que de esa manera se le dará confianza no sólo al pueblo de Nicaragua sino también a la comunidad internacional, porque, según afirmó, existe una preocupación entre algunos donantes por la posibilidad de que estén ingresando al país recursos sin las medidas de control que a ellos les aplican.
COOPERACIÓN VENEZOLAnA
La embajadora de Suecia en Nicaragua, Eva Zetterber, quien de momento preside la Mesa Global de Donantes, confirmó que la Ley 550, de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario, fue un tema de discusión en el reciente encuentro que sostuvieron los cooperantes con el Gobierno.
La Ley 550 claramente obliga al Gobierno a asumir los compromisos de Petronic como deuda pública, lo que tiene ciertas limitaciones.
“Discutimos esa ley, no entramos en detalles, pero es claro que el Gobierno está consciente de la ley, entiendo que va a hacer cambios para simplificar los sistemas, va a hacer la información más accesible y simplificar el proceso”, dijo.
La funcionaria apuntó que la cooperación venezolana fue otro asunto del que hablaron con el Ejecutivo.
“Como Suecia, la posición es que eso de las donaciones, que hay en los acuerdos con Venezuela, deben entrar en el Presupuesto (de la República) o puede ser que lo den a conocer de otra forma, como he dicho no soy experta en esos temas, pero puede hacerse eso a través de un decreto (porque) la cooperación (de Venezuela) parece muy amplia e importante para el país y debe ser conocida por todos los cooperantes”, recalcó.
APOYO DE LAS BANCADAS
El doctor Aguirre también aseguró que la discusión y aprobación del anteproyecto de ley tiene el apoyo de todos los diputados del partido PLC y también cree que recibirá el apoyo de la bancada de ALN y de los diputados del MRS.
“Entonces yo pienso que al menos tendremos unos 50 votos para la aprobación de este anteproyecto y pienso que el gran ganador de todo este esfuerzo será el pueblo de Nicaragua, porque tendrá mayor transparencia en el uso de todos los fondos que recibimos de la comunidad internacional”, dijo.
Expresó que actualmente hay dos leyes que le otorgan facultades a la Asamblea Nacional para ejercer el control de los fondos públicos, incluyendo Petronic y el Alba, pero dijo que en el Gobierno existen diversas interpretaciones sobre las mismas.
“Entonces, para cerrar este debate, con este proyecto de ley se mete al Gobierno en una especie de camisa de fuerza y a las instituciones públicas para obligarlos a usar los fondos de una manera transparente”, indicó.
