Con los fallidos atentados de esta semana en Londres y Glasgow, el espectro del terrorismo volvió a amenazar a Gran Bretaña dos años después de los ataques del 7 de julio de 2005, sembrando dudas sobre la capacidad de las autoridades para atacar las raíces del problema.
Los analistas consideran que las autoridades británicas han conseguido convencer a los líderes musulmanes para que arrimen el hombro en la lucha contra los extremistas como los que hace dos años cometieron los ataques en Londres en los que murieron 56 personas, incluidos los suicidas.
Sin embargo, el perfil de los responsables de los nuevos y fallidos ataques en Londres y Glasgow esta semana demuestra la dificultad de luchar contra una amenaza que tiene múltiples rostros.
Los sospechosos detenidos en Gran Bretaña, y este viernes también en Australia, son doctores de origen mayoritariamente asiático, inmigrantes con un historial aparentemente limpio de cualquier sospecha, y además integrados en uno de los emblemas de cualquier sociedad occidental: el servicio de sanidad público.
Desde hace dos años, el Gobierno británico ha deportado a los predicadores extremistas, ha introducido en el sistema judicial la figura del arresto domiciliario para sospechosos y ha situado el período de detención máxima sin cargos hasta los 28 días.
Ha habido también amplias consultas con musulmanes y otros grupos étnicos minoritarios, y frecuentes convocatorias para debatir públicamente cuáles son los valores comunes de tolerancia.
Esa caza del extremista ha sido en ocasiones muy tensa ante los avisos constantes de un nuevo atentado, y ha provocado errores policiales, y con ello la ira de numerosos musulmanes.
La batalla contra el extremismo puede durar aún toda una generación, recordó el primer ministro británico, Gordon Brown.
Los métodos de los extremistas quizás hayan cambiado, pero no sus objetivos desde hace dos años, según Bob Ayers, un analista del centro de estudios internacionales Chatham House.
La violencia diaria en Irak, la polémica política europea de aislamiento del gobierno palestino dominado por Hamás han creado condiciones para que personas sin agravios de pobreza o discriminación social, como los médicos detenidos esta semana, escogieran la vía del terror.
“Desafortunadamente es un problema que no puede resolver ningún Gobierno a escala nacional. Sólo puede ser resuelto dentro de la religión”, considera este experto.
Mohammed Anwar, un profesor de relaciones étnicas en la universidad de Warwick, en el centro de Inglaterra, cree que se han producido avances desde el 7 de julio de 2005, pero que el problema es de largo plazo.
“Se han producido cambios en los últimos dos años, los líderes musulmanes se han dado cuenta de lo que esto (los actos de terror) significa”, asegura.
Pero otros expertos, como Inayat Bunglawala, del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, la principal organización de la comunidad mahometana, no están de acuerdo con ello: las relaciones entre comunidades se han resentido ante la presión policial y la psicosis creada en la opinión pública.
Los 1.6 millones de musulmanes que viven en el país son contemplados como potenciales sospechosos por sus vecinos, según este experto, que no duda en acusar también a los tabloides británicos por ello.
Una de las maneras de sanar las heridas entre comunidades y generaciones pasa por ordenar la apertura de una gran pesquisa pública sobre las motivaciones de los atentados del 7 de julio, o mediante cambios radicales de política en Irak y Afganistán, a juicio de Bunglawala.
A nivel europeo, la lucha contra la amenaza extremista no presenta un mejor panorama: la UE carece desde el pasado mes de marzo de un coordinador antiterrorista.
El holandés Gijs de Vries dimitió en esa fecha, y los ministros del Interior del bloque no acaban de ponerse de acuerdo no solamente en un sustituto, sino incluso en cual es el perfil del cargo.
