Mediante la cancelación de su elección como diputado a la Asamblea Nacional en los comicios nacionales que tuvieron lugar el 5 de febrero del año pasado, los magistrados del FSLN y del PLC en el Consejo Supremo Electoral (CSE) despojaron de su diputación al señor Alejandro Bolaños Davis, lo cual ha sido, sin dudas de ninguna clase, una clara utilización de este Poder del Estado como instrumento de represión y revanchismo político.
En realidad, al diputado Alejandro Bolaños Davis lo están castigando porque, primero, se ha destacado en la crítica a las arbitrariedades del presidente Daniel Ortega; segundo, porque es una de las personas que denunció públicamente a prominentes miembros de la cúpula sandinista en el poder —entre ellos el temido ex jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) durante la dictadura sandinista de 1979 a 1990, Lenín Cerna—, por supuesta extorsión a inversionistas privados en el sector turismo, en el departamento de Rivas; y tercero, simplemente porque es sobrino del ex presidente Enrique Bolaños Geyer.
Supuestamente Alejandro Bolaños Davis fue acusado de ocultar que había adquirido la nacionalidad estadounidense y de que no renunció a ella a tiempo, antes de la elección del 5 de noviembre del año pasado. Pero al respecto cabe señalar que el artículo 134 de la Constitución Política de la República establece que, para ser diputado “Hay que ser nacional de Nicaragua. Quienes hayan adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección”. De manera que al haber nacido en Estados Unidos, Alejandro Bolaños Davis no adquirió otra nacionalidad, en este caso la estadounidense, sino que nació con ella, lo cual es muy diferente. Además, los progenitores de Alejandro Bolaños Davis, para reafirmar su calidad de persona nacional de Nicaragua por derecho de nacimiento —puesto que nació de padre nicaragüense— inmediatamente después de haber nacido lo hicieron inscribir en Nicaragua.
Desde el punto de vista jurídico, la adquisición “sólo abraza lo que alcanzamos por dinero, ajuste, habilidad, industria u otro título semejante; mas no lo que nos viene por derecho de herencia o sucesión; y así suelen distinguirse los bienes heredados de los bienes adquiridos”, tal como se dice en el autorizado e incuestionable Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas. Y en todo caso, si alguna duda pudiera haber en cuanto al significado de la expresión constitucional: “Quienes hayan adquirido otra nacionalidad”, los interesados debieron haber solicitado una interpretación auténtica a la Asamblea Nacional, que es la única institución del Estado facultada para hacerla.
Por otra parte, el CSE no tiene potestad para anular la elección de un diputado. Esto, de acuerdo con la Constitución, sólo lo puede hacer la Asamblea Nacional. El Consejo Supremo Electoral tiene que velar porque los candidatos a diputados cumplan los requisitos establecidos en el artículo 173, inciso 5 constitucional, incluyendo el que se refiere a la nacionalidad; y debe también resolver en tiempo y forma las impugnaciones que se presenten contra determinados candidatos. Pero el CSE no puede anular la elección de personas que ya están en pleno ejercicio de sus funciones, lo cual, en todo caso tendría que hacerse mediante un proceso judicial. De manera que los miembros del CSE se han arrogado una facultad que no tienen, han violentado el artículo 183 de la Constitución según el cual ningún funcionario “tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. Y por lo tanto tienen razón los diputados que han dicho que los miembros del CSE que dictaron la arbitraria resolución en contra de Alejandro Bolaños Davis deberían ser enjuiciados y destituidos por la Asamblea Nacional.
La conspiración de que está siendo víctima el diputado Alejandro Bolaños Davis va mucho más allá de quitarle la representación ante la Asamblea Nacional. Se conoce que también pretenden acusarlo por falsificación de documentos para mandarlo a la cárcel, adonde igualmente quieren enviar a su tío, el ex presidente Enrique Bolaños. Y seguramente que después irán contra Eduardo Montealegre, a quien Arnoldo Alemán y Daniel Ortega quieren eliminar “legalmente” porque lo ven como el principal obstáculo a su objetivo de perpetuar la dictadura del caudillismo bicéfalo en Nicaragua.
