El diputado liberal Enrique Quiñónez, acusó al secretario de organización del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lenín Cerna, de dirigir una “mafia refinada” en Nicaragua, que supuestamente chantajea y extorsiona a empresarios y políticos.
Quiñónez, quien preside la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, se reunió hoy con el empresario Armel González, quien acusa a otros cuadros sandinistas (el tesorero del partido incluido) de extorsionarlo a cambio de legalizarle en un mes unas tierras en Tola, Rivas, una turística zona que tiene más de cincuenta kilómetros de playas.
Según Quiñónez, en Nicaragua vuelven a ocurrir situaciones como las acontecidas en los años ochenta, bajo el primer gobierno sandinista, pero con un “nuevo modus operandi” y añadió que en esa época mandaban a asesinar a las personas.
“Ya sabríamos a quien culpar (de nuevos asesinatos), para nosotros todo redunda y cae en la misma persona, ligada al partido de Gobierno, ligada al Presidente de la República (Daniel Ortega), como es el señor Lenín Cerna, porque tanto Gerardo Miranda, como el señor Vicente Chávez, trabajan directamente con él”, dijo esta mañana Quiñónez.
Miranda es el designado cónsul de Nicaragua ante Liberia, Costa Rica. Chávez es un contralor suplente y Francisco López, es el tesorero del FSLN. Los tres han sido mencionados por González de supuestamente querer extorsionarlo.
González insistió hoy en que una retención migratoria, además de una multa por injurias y calumnias, son actos políticos en su contra.
Diputados del FSLN han acusado a González y a su suegro, al diputado Alejandro Bolaños Davis, de formar parte de una supuesta mafia traficante de tierras.
El Poder Electoral ya no reconoce a Bolaños Davis como legislador, por aparente falsificación de documentos.
PUGNA ENTRE COMISIONES
Además, Quiñónez señaló hoy que no reconocerán los resultados de una investigación que lleva sobre el caso de extorsión por las tierras de Tola, la Comisión de Probidad y Transparencia, que preside Miriam Argüello, aliada al FSLN.
De acuerdo a Quiñónez, cuya propuesta no ha sido formulada oficialmente a la comisión de Derechos Humanos, ellos reconocerán únicamente el trabajo que realiza una Comisión Especial que dirige José Pallais.
Argüello replicó diciendo que las investigaciones que efectúa su comisión son legales.
