Las familias de los once legisladores regionales de Colombia, que murieron en poder de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), depositaron en la Defensoría del Pueblo la esperanza de poder recuperar cuanto antes los cadáveres.
Mientras eso ocurría el presidente colombiano Álvaro Uribe demandaba ayer a las FARC, en Buenaventura, la entrega de los cuerpos de los diputados y se preguntaba por las razones que podían tener los rebeldes para no entregar los despojos mortales.
Uribe se desplazó a la porteña ciudad de Buenaventura para realizar un consejo comunal de gobierno, que tuvo como antesala la detonación controlada de una bomba en la única entrada terrestre a ese puerto, el primero del país en las costas del océano Pacífico.
La visita es la segunda que el Presidente ha hecho en menos de 48 horas al Valle del Cauca, departamento del que es capital Cali, ciudad a la que viajó el jueves pasado por la noche para reunirse con las familias de los diputados asesinados, todos oriundos de la región.
El gobernante advirtió en Buenaventura de que el “riesgo de inexactitud” en los exámenes forenses es mayor mientras más tiempo corra desde el homicidio.
Por ello se preguntó “qué ocultan los criminales” de las FARC, guerrilla a la que acusó por el asesinato de once de los doce diputados del suroeste del país, que tenían como rehenes desde abril del 2002, cuando los secuestraron en una supuesta operación antiterrorista en el centro de Cali.
SE SUMA GOBERNADOR
El gobernador del departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), Angelino Garzón, exigió por su parte la entrega de los cadáveres “sin ningún tipo de condiciones”.
Según un comunicado que los rebeldes divulgaron por internet, los legisladores regionales murieron el 18 de junio último en un “fuego cruzado” con “un grupo militar sin identificar”, versión que el Ejecutivo ha rechazado, por considerarla mentirosa.
Los legisladores conformaban con la colombo-francesa Íngrid Betancourt y tres estadounidenses el grupo de 56 rehenes, cuya puesta en libertad ha sido condicionada por las FARC a la negociación, con el Gobierno colombiano, de un acuerdo de canje por más de medio millar de insurgentes presos.
La matanza desató un movimiento local e internacional de condena a la guerrilla del país, y de solidaridad con los secuestrados con fines de canje, algunos de los cuales llevan casi diez años en esa condición.
Uribe advirtió, que la FARC ha incumplido con una oferta que hicieron a delegados europeos de liberar a Clara Rojas, la ex compañera de fórmula de Betancourt, y destacó a Francia, España y Suiza, que su Gobierno agradece la facilitación de esos países en un canje de rehenes en Colombia, pero no aceptará irrespetos como el que se compare a su Gobierno con la guerrilla de las FARC.
