LA PAZ. - El gobierno boliviano declaró el miércoles situación de desastre nacional por las inundaciones que azotan el país, lo que implicaría la asignación del 1% del presupuesto general de la nación, unos 50 millones de dólares, para ayudar a los afectados que ya suman 72,000 familias.

Sin embargo, al mismo tiempo se precisó que la medida sólo se aplicará a algunos municipios del país, a los que se beneficiaría con mayor ayuda y reprogramación de créditos.

Se declara la situación de desastre nacional por la presencia de efectos climáticos adversos provocados por el fenómeno de El Niño 2006-2007, que han ocasionado graves daños en los municipios que se señalan en el anexo del presente decreto, sostuvo el decreto aprobado por el presidente Evo Morales.

La agencia gubernamental de noticias ABI informó que la declaratoria implica la asignación del 1% del presupuesto general tanto para los gastos emergentes de atención a los afectados como para la reconstrucción de las poblaciones damnificadas.

El vocero presidencial, Alex Contreras, había anunciado en horas precedentes que el gobierno declararía zona de desastre regional a tres municipios del departamento oriental de Beni, pero que no se justificaba la declaratoria de zona de desastre nacional a todo el territorio boliviano.

Indicó que un 65% del territorio enfrenta problemas derivados de El Niño, una corriente cálida llegada al Pacífico sur, y que el número de muertos se mantiene en 35, desde hace una semana.

Según la constitución y las normas consecuentes, en caso de desastre nacional el gobierno debe también extremar esfuerzos para conseguir ayuda internacional.

EL DECRETO

Morales tiene previsto reunirse en la jornada con los prefectos (gobernadores) y alcaldes de las zonas más castigadas por las tormentas e inundaciones, iniciadas en diciembre, y que según los productores agropecuarios del oriente ya han causado 250 millones de dólares en pérdidas de ganado y cultivos.

La reunión debe realizarse en Santa Cruz, capital homónima del otro departamento más castigado del país.

El director de Defensa Civil, general de ejército Gonzalo Lora, dijo a la AP desde Trinidad, capital de Beni, que no conocía el alcance del decreto, pero precisó que la si se trata de una declaración de desastre nacional debería comprender a todo el territorio boliviano, y no solamente a algunos municipios.

Al declarar desastre nacional, y no regional, queda abierta la posibilidad de favorecer a otros municipios y zonas golpeadas por las lluvias.

El decreto también establece la reprogramación de deudas para pequeños productores agropecuarios con créditos de hasta 10,000 dólares en un fondo público de fomento, de modo que puedan cubrir sus acreencias en el plazo de 20 años, con seis de gracia.

El gobierno se había resistido a la declaratoria, al señalar que sólo se justificaría en caso de una gran catástrofe. Según la oposición, que insistía en pedir la declaración, esto se debería a que frena su plan de revolución agraria en el oriente.

Autoridades regionales y locales de las zonas más afectadas e incluso la empresa privada del país, especialmente los productores agropecuarios, exigían que se decrete la zona de desastre en todo Beni, para gestionar una mayor ayuda del extranjero, adicional a la recibida de Argentina, Chile, Estados Unidos, Italia, Perú, Francia, Venezuela, Cuba y de varios organismos internacionales.

El prefecto de Beni, el dirigente opositor Ernesto Suárez, indicó a la prensa que la reforma agraria del gobierno no podrá aplicarse allí hasta que las tierras vuelvan a ser productivas.

Implica que la ley INRA (reforma agraria) prevé, en uno de sus artículos, que todas las tierras contempladas en desastres naturales no pueden ser sujetas a reversión, este es el tema de fondo, indicó a la prensa, respecto del propósito del gobierno de eliminar los latifundios y expropiar las tierras que no están en producción.