El Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (CGR) acusaron en el Juzgado Sexto Distrito de lo Penal de Audiencia a tres mujeres por el delito de estelionato, ya que supuestamente vendieron tierras del Estado, ubicadas en la playa Quizalá, en Masachapa, San Rafael del Sur.
El escrito presentado ante el tribunal revela que las acusadas son Claudia Lisseth Vásquez Pérez, de 29 años, y las abogadas Reyna de Fátima Rayo Bonilla, de 40, y Morena Isabel Avilés Serrano, de 36.
LO QUE DICE LA LEY
La acusación dice que la Ley Agraria del año 1917, en su artículo dos, párrafo segundo, otorga al Estado de Nicaragua el dominio y posesión absoluta de todas aquellas propiedades comprendidas en una zona de dos kilómetros de latitud a lo largo de ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, dejando establecido que tales terrenos son nacionales.
Agrega que la acusada Vásquez Pérez, mediante una escritura pública, alega que le pertenecen 295 manzanas de tierra en San Rafael del Sur, dentro del territorio conocido como playa Quizalá, por lo cual interpuso una querella en el Juzgado Cuarto Civil de Managua cuando la comuna quiso hacer trabajos en 40 manzanas de la propiedad en el año 1993.
TIERRAS en litigio vendidas A PRECIOS BAJOS
El escrito acusatorio continúa diciendo que, a sabiendas que las tierras estaban en litigio, supuestamente Vásquez Pérez vendió cuatro lotes de terreno en conjunto con las otras dos señaladas a tres personas diferentes.
En esa venta obtuvieron 16 mil dólares.
Los compradores, identificados como Reymundo Aldo Pineda Portillo, de 57 años; Marlon Alberto Gaitán Baldioseda, de 49, y José del Carmen Mairena Fonseca, también aparecen como afectados en la acusación.
Supuestamente las imputadas vendieron más terrenos a más de 20 personas, por lo cual habrían obtenido 752 mil 600 córdobas.
AUDIENCIA ESPECIAL EL 5 DE MARZO
Durante la audiencia mixta celebrada ayer, una judicial programó audiencia especial para el próximo 5 de marzo, a las 2:00 p.m., para dilucidar si el caso es competencia de ella, tras los alegatos de la defensa que ponen en duda su competencia para conocer del caso.