Carelia del Carmen Castellón, quien hace nueve años asesinó atrozmente al psicólogo y empresario Douglas Guerrero, está incluida por tercera ocasión en una lista de personas que buscan un indulto por parte de los diputados.
El presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Enrique Quiñónez, aceptó que en una lista introducida ayer ante el parlamento está incluida Castellón, condenada a treinta años de prisión y quien cumple su décimo año tras las rejas.
El caso de Castellón tomó notoriedad en diciembre del 2005, cuando los diputados aprobaron un indulto para ella, a pesar de que cometió el delito de asesinato atroz.
Los legisladores rectificaron su error semanas después, pero ahora Castellón busca por tercera ocasión un indulto, según Quiñónez.
El diputado del PLC justificó la presencia de Castellón en la lista, al decir que tiene el derecho a buscar ese beneficio, pero que hasta el momento ningún diputado ha mostrado un interés particular para beneficiar a Castellón con un indulto.
FAMILIA RECHAZA INDULTO
Roxana Guerrero, hija de Guerrero, criticó que Castellón Rivera, condenada junto a Jonathan Huberth Zapata Calderón por el asesinato atroz de su padre, haya sido incorporada una vez más en la lista de propuestos a ser indultados.
La hija de Guerrero anunció que hoy acudirá ante la Asamblea Nacional para demandar ante los diputados que Castellón no sea incluida en este beneficio.
“Es agotador, no sólo año con año, es por lo menos tres veces al año, por el día de la mujer, por el día de la madre, por el día del padre, para las navidades, para cualquier ocasión… son 30 años, e imaginate, tres veces al año de estar en esto cuando se supone que ya era una cosa juzgada”, sostuvo la hija del empresario asesinado.
Aseguró que tanto para ella como para su hermano Douglas, cada año que hablan de indultos en la Asamblea Nacional, “sigue el suplicio, la angustia (…) como si no es suficiente convivir con la pérdida”.
En diciembre del 2005 fue la última vez que los hijos de Guerrero ganaron la batalla ante los parlamentarios para evitar que Castellón alcanzara su libertad, el caso de ella fue uno de los 66, a quienes el presidente Enrique Bolaños vetó por considerar que no calificaba para recibir el indulto.
En esa ocasión el dictamen de la Secretaría Jurídica de la Presidencia destacó: “Los autores de delitos contra la vida deben cumplir la totalidad de la condena”.
