Diputados de tres bancadas del parlamento nicaragüense coincidieron ayer al plantear una nueva reforma a la Ley 290, de organización del Poder Ejecutivo, para eliminar los Consejos que por decreto puede crear el presidente Daniel Ortega.
A los Consejos del Poder Ejecutivo, que según la Ley 290 son órganos de consulta, el presidente Ortega pretende brindarles de hecho facultades ministeriales y administrativas, provocando que algunos diputados lo califiquen como “autoritario”, mientras otros analistas lo tildan de violar las leyes.
La jefa de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, sostuvo ayer que Ortega actúa “totalmente fuera de la ley”.
“En esta coyuntura necesitamos eliminar (los Consejos) por completo, para que se acabe ese problema y (para que) no aparezcan en la Ley 290 y no estén pasando sobre la ley”, dijo Sequeira.
“La manifestación que ha tenido el presidente Ortega de estar por encima de la ley y no importarle la Asamblea Nacional y la misma Primera Dama (Rosario Murillo) hablando de que sostiene que los Consejos (tienen) funciones administrativas, manejando presupuesto, todo eso es ilógico”, añadió Sequeira.
El jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, también expresó su respaldo a una reforma a la Ley 290, con el propósito de frenar lo que calificó como “tendencias autoritarias” de Ortega.
“Los Consejos no pueden decidir, menos manejar dinero. Si empiezan a decidir, están violando la ley. ¿Qué salida nos queda en la Asamblea? Que no existan los Consejos vinculados al aparato ejecutivo, que existan solamente los Consejos que contempla la Ley de Participación Ciudadana”, explicó Tinoco.
No obstante, el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro Rivera, y su correligionaria Alba Palacios, directiva de la Asamblea Nacional, defendieron las decisiones del presidente Ortega al alegar que la Constitución Política establece un sistema democrático “representativo y participativo”.
“Los Consejos están establecidos en la Constitución Política, que establece en Nicaragua una democracia representativa y participativa. Hay una serie de Consejos durante todos los gobiernos y seguirá haciéndose en este Gobierno, se le va a dar más participación a la gente”, manifestó Castro Rivera.
Palacios dijo desconocer del avance en la organización de los Consejos en el interior del país.
Sin embargo, el diputado por el PLC, Enrique Quiñónez, argumentó que el espíritu que persigue el presidente Ortega no es precisamente democrático.
“La Constitución establece que cualquier nicaragüense puede asociarse, (pero) perfectamente podríamos decirle nosotros un ‘detente’ (a Ortega), porque en sus declaraciones en Monimbó dejó claras sus pretensiones de que cree que la Asamblea Nacional puede ser vapuleada por él”, señaló Quiñónez.
