La Asamblea Nacional deberá en los próximos días elegir a tres nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al representante del Ministerio Público, tema sobre el cual existe mucho escepticismo, para que el nombramiento no obedezca a diferentes intereses, más que a los principios legales, éticos y morales.
En los últimos años, algunos miembros del Poder Judicial se han visto involucrados en actos de corrupción en temas como la propiedad, narcotráfico, tráfico de influencias y otros que han afectado severamente la credibilidad del mismo y han debilitado el Estado de Derecho.
Esta percepción continúa incidiendo en la baja credibilidad de este Poder del Estado en la población y como lo afirmó un conocido jurista “es hija de la experiencia y madre de la desconfianza”.
El llamado Grupo de Apoyo Presupuestario, conformado por Países Bajos, Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Comisión Europea y Banco Mundial ha reiterado la necesidad no sólo de reformar el Sistema Judicial sino de implementar la Ley de Carrera Judicial para que en Nicaragua exista “una justicia equilibrada e independiente”.
La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y tiene su base en la división y equilibrio de los Poderes contemplados en la Constitución, según lo establece el artículo 158 , de que “la justicia emana del pueblo…”, precepto que está lejos de cumplirse .
La Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce la independencia judicial, como un derecho de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, lo cual resulta inexistente, ya que los mismos son nombrados de conformidad con intereses partidarios y personales, provocando que éstos no subordinen sus actuaciones a la Constitución y a las leyes sino a los partidos o personas que los apadrinan.
En un perfil elaborado por el organismo Pro Justicia sobre cómo deberían ser los nuevos funcionarios del Poder Judicial, se incluyen algunas características, como la imparcialidad política, la subordinación a la ley, la capacidad y eficiencia, la honestidad, el respeto por los demás, la responsabilidad y la lealtad a la justicia, entre otros.
En otros países, los magistrados del máximo tribunal de justicia no son propuestos por las asambleas legislativas donde prevalecen los intereses políticos sino por organismos jurídicos de la sociedad civil o consejos integrados por representantes de diversos poderes del Estado, abogados, representantes de las facultades de derechos y del ámbito académico y científico.
Asimismo, en otros, estos cargos son vitalicios lo que garantiza, además de la estabilidad laboral, un salario digno y disminuye la susceptibilidad de ser objeto de prebendas, halagos, regalías, amenazas o chantajes.
Un verdadero Estado de Derecho pasa necesariamente por un sistema judicial fortalecido y honesto, por lo que la Asamblea Nacional tiene nuevamente un reto para elegir a esto nuevos funcionarios y ojalá tomen en cuenta las condiciones de probidad, imparcialidad, independencia y ética para que los nuevos funcionarios sean escogidos realmente entre los mejores.
