El director del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) Julio Cárdenas, advirtió de las consecuencias negativas que traería para el Estado de Derecho en Nicaragua la reciente sentencia emitida por el Poder Judicial, mediante la cual ordena a la Superintendencia de Bancos (SIB) restituir el permiso de operación al desaparecido Banco Europeo de Centroamérica (BECA) y el pago de utilidades y lucro cesante a sus accionistas.
El BECA inició operaciones en septiembre de 1994 pero fue declarado en “quiebra técnica” en julio de 1996, debido al desvío de fondos y malos manejos, según la SIB.
Los depósitos del BECA fueron vendidos por un monto de 25 millones de dólares al Bancentro y las deudas absorbidas por el Estado de Nicaragua en el gobierno de Violeta Chamorro.
“La vería increíble (la resolución judicial). No concebimos que haya una resolución en ese sentido, es una de las cosas que no serviría para un Estado de Derecho”, aseguró el directivo del Bancentro, al ser consultado por LA PRENSA ayer.
El Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua emitió el miércoles 21 de febrero una sentencia, que declara nulo todo lo actuado por la SIB en torno al caso del BECA, entre cuyos accionistas figuraba el controversial Álvaro Robelo, quien durante las elecciones presidenciales de 1996 se postuló como candidato del Movimiento Arriba Nicaragua y ahora es aliado del Frente Sandinista.
Cárdenas valoró que los tribunales deben enviar señales positivas a la población con resoluciones bien analizadas. “No es una buena señal, sería una señal muy mala”.
La resolución judicial es producto del proceso que entabló Robelo contra la SIB, debido a lo cual reclama al Estado una indemnización por el orden de los 65.8 millones de dólares.
Robelo, otrora accionista y presidente del BECA , pide que la millonaria indemnización sea garantizada a través del Presupuesto General de la República.
HACIENDA DICE QUE ESPERARÁ
Consultado al respecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) indicó que “en estricto apego a derecho y con el debido respeto al ámbito de cada institución, se encuentra a la espera de lo que la Procuraduría General de la República, en su calidad de abogado del Estado, decida hacer con esta sentencia que nosotros entendemos como no taxativa”.
“Creemos que esta resolución corresponde apenas a la primera instancia de un proceso judicial y que es ahora la labor de la Procuraduría defender los intereses del Estado”, sostuvo Alba Aguirre, vocera de Hacienda, en comunicación vía correo electrónico, al ser consultada por LA PRENSA.
“La disposición del Ministerio de Hacienda es la de respetar la sentencia definitiva una vez concluido el debido proceso judicial”, indicó.
SIB ANALIZARÁ CASO
La sentencia judicial del Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua en poder de LA PRENSA indica que “...todo lo que hubiera recibido la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, como representante del Estado, con motivo del acto de intervención del BECA, ejecutado el 13 de julio de 1996 y de la sentencia de declaratoria de quiebra de que fue objeto, ambos actos declarados nulos, deben ser devueltos a su ejecutante, el señor Álvaro José Robelo González”.
La sentencia sostiene que se le debe igualmente devolver a Robelo “la autorización para operar como banco, las utilidades generadas y el lucro cesante dejado de percibir”.
El consejo directivo de la SIB estaría analizando hoy miércoles la sentencia judicial, por lo que la entidad aún no ha se pronunciado oficialmente.
El titular de la SIB y miembro del consejo directivo, Víctor Urcuyo, se encontraba hasta el cierre de esta edición fuera de Nicaragua.
