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Polaris negocia su permanencia en Nicaragua
Moisés Martínez y Luis Núñez Salmerón
NACIONALES@LAPRENSA.COM.NI

La geotérmica Polaris Energy Nicaragua (Pensa) negociará directamente con el Gobierno la permanencia de sus operaciones en Nicaragua y confían en que lograrán convercerlos para que desistan de las aparentes intenciones de anularles el contrato de concesión.

El presidente de Polaris en el país, Tom Ogryzlo, reconoció que han tenido contactos con altos funcionarios del actual Gobierno, que no precisó cuáles, en una búsqueda de un acuerdo que paralice un eventual proceso judicial emprendido por el Estado para recuperar la concesión de explotación del campo geotérmico San Jacinto Tizate, en León.

Ogryzlo señaló haber encontrado bastante receptividad en el Gobierno sobre la situación de Polaris y que incluso se acordó sostener un segundo encuentro con miembros del gabinete de gobierno, pero éste no se ha podido llevar a cabo debido a compromisos de los funcionarios del Gobierno.

El viernes pasado la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una resolución validando la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de declarar la nulidad de la concesión de San Jacinto Tizate y advierte el inicio de los procesos legales necesarios para cumplir la recomendación del ente fiscalizador.

El empresario reveló que solamente el anuncio de la PGR provocó un desplome del valor de las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Toronto, que les ha ocasionado pérdidas por los 22 millones de dólares.

A esto se tiene que añadir el que las operaciones de la empresa en el campo se encuentran paralizadas.

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) emitió un comunicado informando que debido al anuncio de la PGR, presentará un dictamen técnico sobre los incumplimientos del plan de explotación por parte de Polaris al Ministerio de Energía y Minas.

Por su parte Erwin Krüger, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) apeló a una intervención justa de las entidades gubernamentales, “este es un claro mensaje que se está violentando la seguridad jurídica de las inversiones privadas”, señaló.

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