Las pandillas juveniles o el crimen organizado son las dos hipótesis que barajan los investigadores del asesinato de los cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños y que ponen en evidencia las terribles fallas del sistema penitenciario guatemalteco.
Los ministros de Gobernación, los jefes de las policías y los fiscales generales de los dos países se reunieron ayer en Guatemala para discutir los avances del caso.
En la cúpula del Gobierno guatemalteco las discrepancias son manifiestas. Mientras que para el presidente, Oscar Berger, el crimen de los policías está vinculado a la “guerra” que existe entre las mafias, para el Ministro de Gobernación (Interior), Carlos Vielmann, la muerte está relacionada a represalias de las violentas pandillas juveniles recluidas en el penal.
Sin embargo, los dos funcionarios coinciden en que para ejecutar esa acción, que ha creado estupor tanto en Guatemala como en El Salvador, los autores contaron con el aval de los elementos del sistema penitenciario, en el ojo de mira por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Saca habla duro
El presidente salvadoreño Elías Antonio Saca exigió ayer al Gobierno de Guatemala esclarecer los hechos.
“Es intolerable” que los 4 policías hayan sido asesinados en penal de máxima seguridad, manifestó Saca antes de reunirse con el Presidente de EE.UU., George W. Bush en Washington.
Bush se dijo “preocupado” por los asesinatos y ofreció a los dos países ayuda para investigar.
Se preguntó “¿cómo es posible que un grupo pueda pasar por ocho controles para asesinar a los policías que dieron muerte a los diputados?”.
El lunes un juez ordenó la detención de los 24 guardias de prisiones que estuvieron de turno el domingo durante el asesinato de los cuatro policías en la prisión de máxima seguridad El Boquerón, unos 65 km al este de la capital.
Los agentes asesinados, entre ellos un jefe de una sección contra el crimen organizado fueron detenidos el pasado jueves al ser acusados de matar a tres parlamentarios salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer, el pasado 19 de febrero, en la periferia sureste de la ciudad de Guatemala.
Entre los detenidos del sistema penitenciario figura el director de la prisión El Boquerón, Manuel Antonio Recinos; el jefe de seguridad, Oscar Aníbal Jiménez, y el comandante de guardia , Otoniel Grijalva.
El fiscal distrital del departamento de Cuilapa, Samuel Villalta comentó que por el momento se trabaja en dos hipótesis: la ejecución por pandilleros recluidos en ese penal en represalia por la represión policial que viven y las versiones de testigos que aseguran haber visto ingresar a un comando especial de la propia policía, supuestamente pagado por el crimen organizado.
El presidente Berger no tiene ninguna duda de que el crimen de los diputados está vinculado al narcotráfico, pues las investigaciones revelan que los policías fueron llamados para interceptar un vehículo que llevaba un alijo de drogas y dinero, pero se confundieron de automotor y los asesinaron.
