La suma de 217,810 córdobas que fue tomada de la cuenta de “gastos confidenciales” de la Presidencia de la República, durante el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, para pagar gastos médicos del diputado liberal (ahora de ALN) Augusto Valle, se ve insignificante al lado de los centenares de millones de dólares que costaron la piñata sandinista —que todavía estamos pagando— y la corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán.

Incluso, esa suma de córdobas (12 mil dólares al cambio oficial de ayer, 27 de febrero de 2007, pero unos 14,500 dólares cuando la Presidencia de la República pagó los gastos médicos del diputado Valle) es minúscula comparada con los 65.8 millones de dólares que el Estado tendrá que darle al banquero aliado de Daniel Ortega y el FSLN, Álvaro Robelo, quien exige esa cantidad de millones de dólares como indemnización por el quebrado Banco Europeo de Centroamérica (BECA) y según el Poder Judicial hay que pagarlos.

Pero la verdadera importancia del caso del diputado liberal Augusto Valle, no es la cantidad de dinero público con que fue beneficiado a título personal, sino el hecho en sí mismo que no sólo fue incorrecto sino también inmoral.

Es cierto que casos como el del diputado Valle están siendo investigados y denunciados públicamente, por motivaciones políticas partidistas y como un ajuste de cuentas con el ex presidente Bolaños y las personas que los apoyaron en su pleito con los caudillos pactistas. Sin embargo es innegable que se trata de un abuso cometido durante el gobierno anterior. Además, son hechos particularmente lamentables y condenables, porque el gobierno de don Enrique Bolaños se proclamó como abanderado de la lucha contra la corrupción en el Estado y de la ética en el servicio público, y fueron muchos quienes lo creyeron y ahora se sienten engañados.

Es comprensible que en un país donde hay tanta pobreza, como Nicaragua, el Presidente de la República tenga que usar dinero del Estado e incluso de su propio peculio, para medio atender la gran cantidad de peticiones de ayuda personal de gentes muy necesitadas, entre otras cosas, de servicios de salud. Pero se sobrentiende que a quienes se les debe proporcionar esa ayuda humanitaria y caritativa es a los que verdaderamente la necesitan, no a quienes pertenecen a los estratos más privilegiados de la sociedad nicaragüense, como son los diputados en la Asamblea Nacional quienes quiera que sean. Es al contrario: el diputado Augusto Valle y todos sus colegas están obligados éticamente a destinar parte de sus jugosos sueldos y emolumentos para ayudar —como seguramente algunos lo hacen— a las personas más necesitadas de solidaridad material.

Los diputados, igual que los magistrados, ministros, generales y otros altos funcionarios del Estado, reciben de los fondos públicos ingresos suficientes no sólo para vivir muy bien sino también para atender tranquilamente situaciones de emergencia, como por ejemplo una enfermedad o un accidente. Con sólo que hubiera vendido uno de sus vehículos u obtenido un préstamo en cualquier institución bancaria, el diputado Augusto Valle habría conseguido los 12 mil dólares necesarios para atender su emergencia de salud. Él no necesitaba para nada pedirle al Presidente de la República que le regalara ese dinero a cuenta de los fondos públicos.

Por su parte, el ex presidente Bolaños, en vez de tomar indebidamente dinero de los fondos confidenciales para pagar la cuenta médica del diputado, debió ponerlo en su lugar y en todo caso remitirlo a la oficina de la Primera Dama, que es la que se encargaba de atender casos humanitarios de salud con carácter de extrema emergencia. Y cabe señalar que quienes recibían esos servicios humanitarios quedaron abandonados, por la disposición de los nuevos gobernantes de clausurar la oficina que los proporcionaba.

Ahora el diputado Augusto Valle debería reconocer públicamente su error y de manera voluntaria reintegrar esos 12 mil dólares a la Tesorería General de la República. De otra manera, no por revanchismo político sino por sentido de justicia y ética pública, de conformidad con lo que establece la ley el ex presidente Enrique Bolaños debería pagar ese dinero, deduciéndolo de su pensión presidencial vitalicia que, según hemos sido informados, es lo único que está recibiendo o que recibirá de parte del Estado.