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101 años del Código Procesal Civil
Edgard E.Murillo Hurtado
El autor es abogado

Este año se han cumplido ciento un años de vigencia del Código que ha regido los procesos civiles de la historia moderna de nuestro país, un código venido al mundo jurídico como resultado de las exigencias procesales de la época. El Código de Procedimiento Civil, abreviado en el foro como Pr., fue promulgado por el presidente José Santos Zelaya el 7 de noviembre de 1905, y entró en vigencia el 1 de enero de 1906.

En cualquier país del mundo, el hecho que un cuerpo normativo de carácter procesal se mantenga prácticamente inalterable por más de un siglo es digno de elogio cuanto más de admiración. Por ello es lamentable que el centenario haya pasado inadvertido por las autoridades de gobierno, universidades, asociaciones de profesionales del derecho, funcionarios judiciales y las incontables generaciones de abogados. A pesar que ha sobrevivido a intervenciones, guerras civiles, dictaduras y revoluciones, cual mástil que soporta las embestidas de los tiempos duros, manteniendo en pie muchas instituciones que ya han desaparecido de la mayoría de los códigos de Latinoamérica, nadie celebró por el incansable Pr.

No haber tenido el reconocimiento y la humildad de conmemorar el centenario de ese texto que inauguró, junto al Código Civil, la modernidad de Nicaragua y que es parte ya de nuestra identidad cultural y jurídica, quizás se deba a que estemos esperando su muerte: el código regulador de las formas que ha recibido la llegada del nuevo milenio, agoniza; no da para más, y hoy por hoy se ha convertido —injusta ironía— en una rémora para las soluciones contenciosas.

Cuando el Código entró en vigencia todas las controversias que no fuesen penales se resolvían bajo su amparo, y debido su heterogeneidad y a lo voluminoso de sus disposiciones —más de 2,000 artículos— se convirtió muy pronto en el manual del laberinto procedimental que alumbrara el camino de juzgadores y litigantes, sirviendo de norma supletoria e inspirando los criterios del más alto tribunal.

Ahora algunos exigen reformas, pero los más piden un cambio total del sistema, para acabar de una vez por todas con los innecesarios traslados para contestar demanda (oportunidad que promueve la deslealtad procesal), eliminar la abundancia de juicios especiales, acabar con la graduación cerrada de la prueba, suprimir la mediación en los juicios ejecutivos (de lo contrario seguirán perdiendo su naturaleza), y en fin, todos los aspectos que alejan del juez su contacto con las actuaciones procesales y que dejan a las partes con el sinsabor de la justicia esperada que nunca acaba por llegar.

La nueva doctrina procesal nos trae los vientos de oralidad, los mismos que soplaron el perfil de la última reforma procesal penal en nuestro país, empujando a las legislaciones a confeccionar un código adaptado a la nueva realidad que asegure una tutela judicial efectiva, con una simplificación y rapidez en sus reglas de procedimiento y que esté abierto al devenir de los cambios en un mundo globalizado. Necesitamos un Código con mejor calidad técnica y orden conceptual que el anterior; que cumpla con el fin institucional del proceso: la realización de la justicia; que deje a salvo la mediación y el arbitraje como formas de solución extraprocesales, que recupere la confianza en los aplicadores de la ley (porque en muchas ocasiones los jueces cargan con el señalamiento público cuando lo que han hecho es encarrilar los hechos en las estructuras formalistas y anacrónicas del Pr.), queremos un Código que sea la correa de transmisión que ponga en movimiento todas las instancias del proceso a fin de llegar a resultados que no conspiren contra los más puros principios de celeridad y economía.

Sólo espero que el nuevo Código tenga un diferente origen que el vetusto Pr., es decir, que no sea la imitación de un cuerpo normativo foráneo, una suerte de copiar y pegar, que olvide el involucramiento de los operadores sociales que a diario entran en contacto con la justicia.

El sistema judicial civil en Nicaragua no ha colapsado gracias a la capacidad de los nicaragüenses de soportar los infortunios, y debido, como decía un profesor, al cansancio de recurrir a tantas guerras para resolver nuestras diferencias.

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