El Poder Judicial ordenó a la Superintendencia de Bancos (SIB) restablecer la licencia de operación al desaparecido Banco Europeo de Centroamérica (BECA) y el pago de utilidades y lucro cesante desde que la entidad financiera fue declarada en “quiebra técnica” en julio de 1996, debido a desvío de fondos y malos manejos.
El Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua emitió el miércoles 21 de febrero pasado una ejecución de sentencia, en la que declara nulo todo lo actuado por la SIB en torno al caso del BECA, entre cuyos accionistas figuraba el controversial Álvaro Robelo, quien durante las elecciones presidenciales de 1996 se postuló como candidato del Movimiento Arriba Nicaragua.
La resolución judicial es producto del proceso que entabló Robelo, quien fungió además como presidente del BECA bajo la demanda de daños y perjuicios contra la SIB, debido a lo cual reclama al Estado una indemnización por el orden de los 65.8 millones de dólares.
Robelo, hoy aliado del Frente Sandinista, pide que la millonaria indemnización sea garantizada a través del Presupuesto General de la República.
La sentencia judicial en poder de LA PRENSA indica que “...todo lo que hubiera recibido la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, como representante del Estado, con motivo del acto de intervención del BECA, ejecutado el 13 de julio de 1996 y de la sentencia de declaratoria de quiebra de que fue objeto, ambos actos declarados nulos, debe ser devuelto a su ejecutante, el señor Álvaro José Robelo González”.
En ese sentido, la sentencia sostiene que se le debe igualmente devolver a Robelo “la autorización para operar como banco, las utilidades generadas y el lucro cesante dejado de percibir”.
A CONSEJO DIRECTIVO
Fuentes extraoficiales de la SIB indicaron que el asunto será tratado esta semana y que la sentencia sería de “obligatorio cumplimiento”.
El titular de la entidad, Víctor Urcuyo, se encontraba ayer fuera de Nicaragua, según se informó en su despacho.
Entre tanto Alfredo Cuadra, miembro del Consejo Directivo de la SIB, dijo ayer en la tarde que aún no había recibido notificación alguna del Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua, pero que “algo” había escuchado al respecto.
“Sería una sentencia de ineludible cumplimiento. Y la analizaríamos en el Consejo Director (de la SIB)”, estimó en términos escuetos Cuadra, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y ex vocero de la campaña presidencial del candidato del Partido Liberal Constitucionalista, José Rizo.
atentado contra estabilidad financiera
Diputados de las bancadas mayoritarias en la Asamblea Nacional calificaron de negativa cualquier intento de hacer efectiva la devolución del BECA, por considerar que tendría un impacto negativo en las finanzas nacionales.
“Creo que llegar a estos niveles (tener que pagarle a Robelo), si se diera, es atentar contra la estabilidad financiera del país”, declaró Wilfredo Navarro, diputado de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y primer vicepresidente del parlamento.
El diputado de la bancada del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez, sostuvo que “cualquier revisión al marco bancario y cualquier revisión que tenga que ver con impactar negativamente las finanzas públicas del país, sería un perjuicio enorme”.
No obstante, consideró que una sentencia de este tipo obligaría la parlamento a hacer una revisión de la misma. “Personalmente creo que hay que esperar a, que una vez que la sentencia pase a cosa juzgada formal y material, ver de qué forma le haremos frente en el presupuesto”.
Por su parte el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el liberal constitucionalista Francisco Aguirre Sacasa, se mostró escéptico sobre la sentencia y dijo que “es algo que hay que ver”.
NO LEVANTÓ CABEZA
Un informe sobre el proceso de intervención y liquidación del BECA en poder de LA PRENSA asegura que la SIB tomó una serie de medidas contra el BECA, principalmente por créditos otorgados de manera irregular y la falta de consistencia en los informes financieros y contables.
El informe señala que con base en la evaluación y análisis de los estados financieros se encontraron varias situaciones que conllevaron al deterioro del banco.
Finalmente la SIB decidió intervenir el banco el 13 de julio de 1996.
