En el editorial del 8 de febrero corriente (Vitalicios sí, pero no los actuales) señalamos que la deplorables situación en que se encuentra actualmente la administración de justicia de Nicaragua, no se debe a que “los actuales magistrados sean incapaces desde el punto de vista del conocimiento de las leyes, sino que en su actuar han demostrado que no son personas imparciales e independientes y que al emitir o no emitir sus fallos, reflejan el interés político del caudillo del partido al que pertenecen”.
En respaldo de esa aseveración señalamos como ejemplo el caso del ex Presidente de Nicaragua, el caudillo liberal Arnoldo Alemán a quien en diciembre del 2003 la juez Juana Méndez halló culpable de los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y fraude al Estado y lo condenó a 20 años de prisión. “Inmediatamente —recordamos en ese editorial—, la defensa legal de Alemán apeló la sentencia y alegó que mientras la apelación no fuera resuelta, la sentencia de la juez Méndez no estaba firme. Desde entonces han pasado más de tres años y el Tribunal de Apelaciones todavía no resuelve el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque no han recibido la orden “de arriba”. Porque el Tribunal de Apelaciones lo mismo que la Corte Suprema de Justicia son extensiones de las dos principales bancadas partidistas representadas en la Asamblea Nacional”.
Es muy bien sabido que Daniel Ortega y el FSLN mantienen al ex presidente Alemán en esta situación, porque de ese modo lo manejan como un valioso rehén político. Unas veces con la promesa de que “ahora sí” el Tribunal de Apelaciones controlado por el sandinismo va a resolver de manera favorable la apelación de Alemán a la sentencia de la juez Méndez; y en otras ocasiones con la amenaza de volver a recluirlo en la cárcel de Tipitapa, Daniel Ortega y el FSLN le han sacado jugosas concesiones al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), como por ejemplo la reforma constitucional que le permitió al líder sandinista ganar la elección presidencial del año pasado con sólo el 38 por ciento de los votos y que tiene ahora al país a la orilla del abismo autoritario.
Pero aunque Alemán y el PLC se sometan a ese chantaje político y causen un inmenso daño a la precaria institucionalidad democrática de la nación, Ortega y el FSLN no le cumplen —ni le cumplirán— al ex Presidente de la República convertido en reo, la promesa de resolver favorablemente su situación judicial. Y lo peor del caso es que Alemán parece estar satisfecho con esa situación, incluso disfrutarla, tal vez porque ha sido atrapado por el Síndrome de Estocolmo, como le llaman al enfermizo “estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador”.
Pero este no es un problema que afecta únicamente al doctor Alemán y su familia, ni es algo que políticamente incumbe sólo a su Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Por el contrario, la indefinición judicial en el caso del doctor Arnoldo Alemán involucra y está perjudicando a toda la nación: Primero, porque retener una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua a una apelación de sentencia de primera instancia, por motivos políticos partidistas, es una lacra de la administración de justicia; segundo, porque mientras permanezca en esa situación el doctor Alemán el PLC seguirá sirviendo a los intereses de Daniel Ortega y el FSLN, e impidiendo la unidad de los sectores liberales y de las fuerzas democráticas del país en términos generales, la cual es indispensable para contener el empuje dictatorial de Daniel Ortega.
Los miembros del Tribunal de Apelaciones de Managua que tienen en sus manos el caso de Arnoldo Alemán, deben fallarlo cuanto antes. Ellos tienen la obligación judicial, profesional y moral de dictar sentencia sin más dilación, cualquiera que sea el sentido que quieran darle a su fallo.
Por su parte, los partidos políticos democráticos, las organizaciones independientes de la sociedad civil, los medios de comunicación amenazados por el autoritarismo orteguista y en general la población democrática y no sandinista del país, deben presionar a ese tribunal para que resuelva cuanto antes el caso del doctor Alemán y no sigan —por culpa de éste— causando tanto daño a Nicaragua.
