La compañía canadiense Polaris Geothermal Inc. (PGI) denunció hoy que la anulación de su contrato para la explotación de energía geotérmica, por parte de Nicaragua, "es un claro mensaje que se está violando la seguridad jurídica de las inversiones, en perjuicio de una empresa privada y del país".
La Procuraduría General de Nicaragua dejó sin efectos, el sábado pasado, el acuerdo de concesión para la explotación de energía a la empresa Polaris Energy Nicaragua S.A. (Pensa), subsidiaria de la canadiense PGI, sobre la base de una resolución de la Contraloría General de la República (ente fiscalizador).
Pensa tenía la exclusividad del contrato para la explotación de energía que proviene del calor de la tierra en el campo San Jacinto Tizate, ubicado al noroeste de Managua, desde diciembre de 1999.
La empresa canadiense, que tomó el control accionarial de Pensa, alegó en un comunicado que el dictamen de la Procuraduría "no tiene fundamento legal" y pidió al Gobierno nicaragüense una "intervención justa" sobre ese caso.
Sostuvo que la cesión de concesión de explotación autorizada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE, ente regulador), en 1999, fue apegada a derecho.
La estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) cedió a Pensa la concesión para la explotación de energía geotérmica en la planta San Jacinto Tizate, contrato que antes había otorgado a la empresa Intergeoterm, que renunció a la misma.
LA LEY
"El INE autorizó correctamente la cesión de concesión de explotación con base en la ley de explotación de las riquezas naturales, que es la que define el procedimiento para ceder una concesión de explotación de recursos geotérmicos", añadió.
La compañía canadiense dijo que "equivocadamente" la Procuraduría denuncia la nulidad de esa cesión por no haberse efectuado en el período establecido por la ley de industria eléctrica.
Argumentó que esa ley sólo se refiere al procedimiento de cesión de concesión para la distribución de energía, no de explotación.
En su comunicado, PGI observó que ni en la resolución del ente fiscalizador, emitida el 19 de marzo de 2004, ni en el dictamen de la Procuraduría, "está en discusión el cumplimiento o no de nuestras obligaciones contractuales".
En ese sentido, aseguró que Pensa ha desarrollado en "tiempo y forma" los cronogramas de trabajos e inversión aprobados por el ente regulador.
"Es por eso que apelamos a una intervención justa de las entidades gubernamentales correspondientes", reafirmó la compañía canadiense, que reiteró que la anulación de su contrato "contradice de manera preocupante el mensaje del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respecto a la seguridad de la inversión extranjera".
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, Erwin Krüger, consideró que el Gobierno de Ortega está enviando "mensajes" equivocados a los inversionistas, cosa que el Ejecutivo rechaza.
Mientras, el grupo parlamentario opositor del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) informó de que promoverán una iniciativa de ley en el Parlamento para que la cancelación de los contratos de concesión de exploración o de explotación sean ratificados por los diputados.
